Por Willian Gallegos Arévalo
El viernes pasado, el diario VOCES recogió, la denuncia socio-ambiental del ambientalista Iván Rojas García con relación a la destrucción de seis hectáreas de bosque que comprende especies de cedro, lupuna, caoba y aguajales, este último un casi micro – ecosistema que permite surtir de agua a los pobladores del sector y donde expresa que “la expansión urbana sin planificación ni respeto por las normativas ambientales no solo es insostenible, sino que puede generar consecuencias irreversibles”.
La denuncia del señor Iván Rojas es realmente grave y lo que ocurre es la consecuencia de una serie de carencias y de consideraciones ideológicas, y en el segundo caso de cómo se entiende el concepto de la “propiedad privada”. En el caso que cometamos recogemos la versión periodística referente al criterio burocrático de la Municipalidad de Morales, que le autorizó al propietario para `hacer en “su” terreno lo que le venga en gana´. Pero, la propiedad no da derecho al usuario libertad absoluta para hacer lo que quiere. Y a esto vamos a referirnos, también.
Desde hace varios años estoy advirtiendo que existe una agresiva y desordenada expansión urbana en el valle del Cumbaza, en un proceso en que no se respeta nada y pareciera no haber autoridades: ni municipales ni ambientales, porque todos dedican su tiempo a preparar informes que nadie lee. En el valle del Cumbaza existe una especie de devastación que está alcanzando niveles apocalípticos.
Entonces, ya es hora que a alcaldes, regidores y funcionarios municipales se le meta a prisión por las incapacidades y negligencias en sus funciones. Si los fiscales ambientales no están cumpliendo con sus responsabilidades, ellos deberían ser los primeros en ser encarcelados. Pero, en el fondo, todos los representantes del Estado tienen miedo porque el Estado estaría atentando contra la sacrosanta libertad del empresario o del emprendedor. Querer entender esto es un asunto de ideología, también. Tener criterio y sentido común para gestionar los procesos de desarrollo, es elemental.
Los funcionarios públicos para aplicar la normatividad ambiental en todos sus extremos tienen el marco legal que les respalda: la Ley de gestión y protección de los espacios públicos (Ley Nº 31199), Ley de desarrollo urbano sostenible (Nº 31313), las leyes orgánicas de los gobiernos regionales y municipalidades. Desgraciadamente los funcionarios vinculados al problema o no leen, o son improvisados. Tal vez esta sea la causa de la tragedia.
La norma dice que “las actuaciones urbanísticas deben impulsar una ocupación del suelo sostenible, eficiente, equitativa, segura y racional, que permitan tener ciudades seguras, accesibles, justas, sostenibles y diversas y que, a su vez, permitan proteger los valores paisajísticos, patrimoniales y naturales del territorio”. (Ley de desarrollo urbano sostenible). De otro lado, “los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. (Artículo IV.- Finalidad. Ley orgánica de municipalidades).
Después de los comentarios anteriores y revisión de la normatividad general y específica sobre el tema de lo que ocurre en el distrito de Morales en estos momentos, los gobiernos locales tienen un instrumento poderoso que es el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT); mediante este deberán ejecutarse las acciones que lleven a la “identificación de las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental”. Pero como vemos, las autoridades locales pareciera que ante el cataclismo ambiental prefirieran mirar a otro lado.
Pero lo concreto de todo ello es que el Bajo Mayo está perdiendo la sensatez, ante la inercia e indiferencia de las autoridades. Pero tal vez no sea culpa de ellos, queriendo ser indulgentes y tolerantes con autoridades y funcionarios que no conocen sus roles y responsabilidades, porque no podemos pedirle peras al olmo. Porque en el sector agrario existe un espacio de coordinación intergubernamental que articula a los tres niveles de gobierno para implementar las políticas públicas nacionales, regionales y locales que creen bien público y lleven a la ciudadanía hacia el disfrute del bien común. Este espacio es el Comité de Gestión Regional Agrario (CGRA), un foro de consenso realmente estratégico, dentro del marco del proceso de descentralización del país, y lo preside la Dirección Regional de Agricultura de San Martín.
El CGRA viene funcionando desde año 2017. ¿Por qué no está funcionando como debe ser y no tiene resultados que mostrar? Simple: Los gobiernos locales, a través de sus alcaldes, no participan, o cuando lo hacen envían a sus gerentes de desarrollo económico, que no tienen capacidad de decisión para tratar temas del desarrollo. En muchas oportunidades los representan servidores de tercera categoría que tampoco saben ni para qué van a estas sesiones.
Podemos sacar en conclusión que todos tenemos derecho a desarrollarnos, pero sin afectar los derechos de los demás, y sin destruir. Nuestros derechos son los paisajes, las fajas marginales, los caudales de nuestros ríos donde bañarnos, los bosques. Y también tenemos el derecho y el deber de exigir a nuestras autoridades que ellos tienen que actuar en armonía del interés público. No les pedimos que renuncien, pero que hagan una reingeniería en cuanto a sus actuales desempeños. Les agradeceremos.
En febrero del 2019 se publicó el estudio multidisciplinario “Cumbaza Resiliente al Clima: Hacia la seguridad hídrica, energética y alimentaria en paisajes urbano-rurales” aquí sus conclusiones.
La resiliencia urbana parte de un reconocimiento de la naturaleza interconectada de las ciudades y los vínculos con los entornos rurales. En este estudio del caso de Tarapoto y la microcuenca del Cumbaza, se evidencia que la resiliencia urbana está estrechamente vinculada a los servicios ecosistémicos forestales de los cuales dependen, en última instancia, para garantizar la seguridad hídrica, energética y alimentaria para el desarrollo económico y bienestar social.
El fortalecimiento de estrategias y acuerdos entre actores e instituciones urbanas y rurales para la restauración forestal o infraestructura verde, para aumentar y mantener la capacidad a largo plazo de los bosques tropicales, será clave para fortalecer la resiliencia frente a crecientes presiones poblacionales y climáticas en la región Amazónica. Este estudio también resalta la utilidad y contribución del enfoque de nexo, y la importancia de los procesos participativos dentro de tal análisis para generar un mejor entendimiento sobre las dimensiones de seguridad y riesgos diferenciados, que serán clave posteriormente para perfeccionar respuestas integradas y coherentes para un desarrollo resiliente en paisajes urbanos-rurales.