El Instituto de Defensa Legal (IDL) ha presentado una demanda de amparo contra la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y el Congreso de la República, con la finalidad de impedir la aplicación de la Ley APCI, una norma que impone mayores controles sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG). La acción judicial, interpuesta en mayo y aún pendiente de admisión por parte del Poder Judicial, sostiene que la ley es inconstitucional incluso antes de que se reglamente. Carlos Rivera, abogado y presidente del IDL, explicó al diario Perú21 que la norma vulnera derechos fundamentales, como la libertad de asociación y la autonomía de las organizaciones civiles: “Varias disposiciones de esta ley son estrictamente inconstitucionales, y eso no lo corrige ningún reglamento. Al estar vigente, representa una amenaza cierta e inminente contra nuestros derechos”, afirmó.
Mientras tanto, en el Congreso, algunos legisladores exigen acelerar la reglamentación de la ley, cuyo plazo máximo vence el próximo 15 de julio. Entre ellos se encuentran Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Renovación Popular), quienes consideran que el Ejecutivo debe publicar cuanto antes el reglamento correspondiente. “Todo se ha demorado con las ONG: el debate, la aprobación y ahora el reglamento”, criticó Montoya.
El debate ha cobrado mayor relevancia luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al Estado peruano la derogación de la ley, advirtiendo que afecta derechos como la libertad de asociación, expresión y el acceso a la justicia. Uno de los puntos más cuestionados es el que establece la obligación de obtener autorización previa para ejecutar proyectos financiados por la cooperación internacional. En respuesta a esta situación, Montoya propuso que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso cite al canciller Óscar Maúrtua para conocer la posición oficial del Ejecutivo, aunque hasta ahora la convocatoria no ha sido concretada.