En la provincia de Alto Amazonas, la conectividad vial es una herida abierta que se profundiza con el tiempo. Desde hace más de 30 años, esta provincia enfrenta un grave rezago en infraestructura vial, afectando el desarrollo económico, social y territorial de miles de familias. La apertura de caminos vecinales, el mejoramiento de carreteras intercomunales, y sobre todo el mantenimiento y rehabilitación de más de 1,500 kilómetros de vías existentes, son problemas críticos que no han recibido una respuesta efectiva de los distintos niveles de gobierno.
Desde el punto de vista técnico, la situación es compleja. La geografía accidentada, los suelos inestables y el régimen de lluvias propio de la Amazonía requieren soluciones de ingeniería especializadas y costosas. No se trata solo de abrir caminos, sino de asegurar su transitabilidad permanente, lo que implica inversión constante en mantenimiento, drenaje, afirmado, señalización y puentes. Sin embargo, los gobiernos locales, tanto el provincial como los distritales, carecen de la maquinaria pesada y de los recursos económicos para atender estas necesidades de forma adecuada. Sus presupuestos, limitados y mal distribuidos, apenas alcanzan para intervenciones menores.
Desde una mirada social, esta desconexión tiene consecuencias devastadoras. Las comunidades rurales enfrentan dificultades para transportar productos agrícolas a los mercados, acceder a servicios básicos como salud y educación, y ejercer sus derechos ciudadanos en igualdad de condiciones. La falta de vías adecuadas encarece el costo de vida, perpetúa la pobreza y acentúa la desigualdad entre las zonas urbanas y rurales. Además, obstaculiza la respuesta ante emergencias sanitarias y desastres naturales, poniendo en riesgo la vida de los pobladores.
En el plano político, lo que se evidencia es un centralismo persistente que margina a Alto Amazonas. A pesar de que la Constitución establece un modelo de descentralización, en la práctica el Gobierno Nacional prioriza otras regiones con mayor visibilidad o poder político, dejando de lado territorios amazónicos con baja capacidad de presión. El Gobierno Regional de Loreto, aunque ha realizado esfuerzos importantes para avanzar con
estudios y expedientes técnicos destinados a integrar vialmente a Yurimaguas con los distritos de Santa Cruz, Lagunas, Jeberos, Teniente César López y Balsapuerto, aún no logra concretar estos proyectos por falta de financiamiento y, sobre todo, de voluntad política a nivel nacional.
Frente a esta realidad, la esperanza persiste. Existe un anhelo legítimo de que en algún momento los diferentes niveles de gobierno coordinen y consigan el financiamiento necesario para ejecutar estos proyectos estratégicos. La integración vial de Alto Amazonas no solo es una demanda de justicia territorial, sino también una inversión con alto retorno social, económico y ambiental para el país.
Sin embargo, mientras no exista una decisión política firme ni el respaldo financiero del Gobierno Nacional, esta aspiración seguirá siendo un proyecto postergado. La ciudadanía comienza a alzar su voz. Las protestas populares emergen como una forma de exigir lo que por derecho les corresponde: caminos que conecten no solo geografías, sino también oportunidades, dignidad y desarrollo.
La conectividad en Alto Amazonas no puede seguir siendo una promesa aplazada. Es tiempo de que el Estado, en todos sus niveles, mire con responsabilidad y visión de futuro a esta región estratégica. Porque donde no hay caminos, tampoco hay justicia.