El 77% de los gastos del Gobierno para defensa de funcionarios se hizo con órdenes de servicio, una modalidad poco transparente
Informe de OjoPúblico revela incremento de 74% en comparación con la gestión anterior. Especialistas advierten posible fraccionamiento irregular de contratos.
En un contexto donde la presidenta Dina Boluarte enfrenta niveles de desaprobación superiores al 95%, los gastos del Ejecutivo en defensa legal de funcionarios y exfuncionarios han crecido significativamente y, en su mayoría, se han canalizado a través de procedimientos poco transparentes.
Un informe del medio digital OjoPúblico revela que, en los primeros 28 meses de la gestión Boluarte, el Gobierno autorizó más de S/36,2 millones para el pago de abogados que representan a funcionarios investigados a nivel penal o administrativo. Este monto representa un incremento del 74% respecto a los 28 meses anteriores (agosto de 2020 a diciembre de 2022).
Del total desembolsado, S/28 millones —el 77%— se gestionaron mediante órdenes de servicio, una modalidad más opaca que los concursos públicos, ya que no exige la misma documentación ni fases de evaluación. Se trata de contrataciones menores a las 8 UIT (S/42.800) que, muchas veces, apenas consignan una breve descripción del servicio.
Por ejemplo, una de las órdenes revisadas indica: “Servicios especializados en defensa y asesoría legal solicitada por el señor Juan José Santivañez”, exministro del Interior y actual funcionario del Despacho Presidencial. Otra, relacionada al canciller José Elmer Schialer, solo consigna: “Servicio de defensa legal”.
Contratos divididos y riesgo de colusión
El abogado penalista Aaron Aleman Yactayo advirtió que en este tipo de contrataciones no se respetan principios básicos como la transparencia, la competitividad y el interés público. Además, la falta de publicación del expediente completo impide conocer a fondo el servicio contratado.
Un caso que genera especial preocupación es el del exministro de Economía y exdirector de Proinversión, José Salardi Rodríguez, quien el 5 de septiembre de 2023 gestionó seis órdenes de servicio a favor de una misma abogada, por un total de S/79.200. La suma supera en 85% el límite legal permitido para este tipo de contrataciones, lo que podría indicar un fraccionamiento indebido.
“Cuando se divide un contrato para evitar el tope de las 8 UIT, se incurre en una práctica prohibida. Esto podría constituir un delito de colusión o negociación incompatible”, alertó Aleman.
El informe de OjoPúblico concluye que es urgente regular este tipo de contrataciones y hacer públicos los detalles de cada defensa legal financiada con recursos del Estado. En una coyuntura donde la legitimidad del Gobierno está cuestionada, el uso responsable del dinero público resulta más necesario que nunca.