La minería ilegal sigue expandiéndose en el país sin que exista una medición oficial que dimensione su impacto. Investigadores advierten que la diferencia entre lo que se produce y lo que se exporta en oro es tan grande, que se estaría consolidando una economía criminal a la vista del Estado.
Por: Beto Cabrera Marina
En el Perú, el avance de la minería ilegal se ha convertido en una amenaza creciente que no solo destruye el ambiente, sino que también alimenta redes de crimen organizado y lavado de dinero. Un reciente estudio publicado por la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), elaborado por el investigador Martín Arana Cardó, revela un hecho tan preocupante como evidente: el Estado no cuenta con herramientas ni datos suficientes para medir el tamaño real del problema.
“No hay fuentes oficiales que monitoreen y reporten regularmente el avance o reducción de la minería ilegal”, advierte el informe, que plantea que, sin un sistema de medición, cualquier intento por frenar esta actividad será poco eficaz.
El oro que se va sin control
Uno de los principales hallazgos del estudio es la enorme diferencia entre las cifras oficiales de producción de oro y las cifras de exportación. En todos los casos analizados, las exportaciones superan ampliamente lo que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) reconoce como producción legal. Esa brecha es interpretada por expertos como una señal clara de que existe una significativa cantidad de oro de procedencia ilegal que está saliendo del país sin fiscalización.
“Las exportaciones superan a la producción registrada, y esa diferencia se asocia al oro ilegal o no formalizado”, detalla Arana.
Esto significa que el país estaría perdiendo millones de dólares en impuestos, pero además se está alimentando una cadena delictiva que va desde la extracción ilícita hasta el blanqueo de capitales.
Cómo se intenta medir lo ilegal
Dado que no existe un sistema oficial de monitoreo, los investigadores han recurrido a varias estrategias para estimar la dimensión de la minería ilegal:
- Análisis de estadísticas de producción y exportación: Se cruzan datos del MINEM y del Banco Central de Reserva. La diferencia entre ambos permite estimar un volumen de producción no registrada.
- Lavado de activos: A través de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y de inteligencia financiera (IIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), se puede rastrear parte del dinero generado por esta actividad. Lo alarmante: minería ilegal figura como uno de los principales delitos precedentes en estas operaciones.
- Índices de criminalidad: Aunque indirectos y poco específicos, los reportes de la Policía Nacional permiten ubicar zonas de mayor incidencia delictiva que coinciden con focos de minería ilegal.
- Procesos judiciales y denuncias: El Ministerio Público es la única fuente oficial que en 2019 publicó un informe nacional sobre la carga procesal vinculada a este delito. Desde entonces, no se ha vuelto a emitir información actualizada, lo que deja un vacío crítico.
El informe de FCDS Perú deja claro que, sin datos, no hay políticas públicas eficaces. En otras palabras, si el Estado no sabe con certeza cuánta minería ilegal existe, dónde se concentra, cuánto produce y cuánto se exporta, la lucha contra esta actividad estará siempre a ciegas.
“La criminalidad global se incrementa, mientras que la capacidad de respuesta de los estados disminuye”, advierte el informe citando a la organización Global Initiative, que en 2024 publicó su Índice Global de Crimen Organizado.
¿Y el cobre y los no metálicos?
Aunque la minería ilegal de oro es la más visible y documentada, también existen actividades ilegales de explotación de cobre y minerales no metálicos. El problema es que sobre estas no hay suficiente información, por lo que su magnitud sigue siendo desconocida. Nuevamente, el vacío de datos impide tomar decisiones oportunas.
Urge una medición nacional oficial
El estudio recomienda que el Estado asuma con urgencia el desarrollo de un sistema integral de monitoreo y reporte sobre la minería ilegal, que involucre no solo al MINEM y a la SBS, sino también al Ministerio Público, SUNAT, Aduanas y gobiernos regionales. Sin esta herramienta, el país seguirá perdiendo no solo recursos, sino también control sobre su territorio.
“Si no sabemos cuán grande es el problema, no podemos solucionarlo”, concluye el informe. En una economía regional como la del oriente y el sur del país, donde los ríos y los bosques están siendo arrasados por dragas, retroexcavadoras y mercurio, mirar hacia otro lado ya no es una opción.
De remate
Pese a la magnitud del problema, con estimaciones que superan los 165 mil millones de dólares en oro ilegal producido en dos décadas, el Estado peruano no cuenta con un sistema integral de medición ni monitoreo de la minería ilegal. Esta omisión impide diseñar políticas públicas efectivas, mientras los impactos sociales, ambientales y económicos siguen expandiéndose. La lucha contra este delito no puede seguir siendo una reacción aislada: sin datos no hay estrategia, y sin estrategia, el oro ilegal seguirá ganando terreno ante la ausencia del Estado.
Minería ilegal de oro: un negocio ilegal que supera el 70% del PBI 2023
- Hasta 165 mil millones de dólares en oro ilegal en 20 años.
- Sin control estatal ni sistema de monitoreo.
- Impacto socioambiental masivo y creciente.
- Incluso las estimaciones más bajas muestran cifras extremadamente altas.
- El Estado aún no implementa un sistema integral de medición ni respuesta efectiva.
- Sin datos no hay política pública eficaz.
DATO: Sobre el volumen y valorización del oro ilegal
En la investigación señala “En la actualidad existen algunas discrepancias respecto al volumen del oro ilegal en el Perú y el valor que ello representa, sin embargo, un elemento común de las fuentes es que se registra diferencias significativas entre la producción de oro registrada por el Ministerio de Energía y Minas y las exportaciones de oro, siendo que, en todos los casos, las exportaciones de oro superan a la producción. Sobre este hecho, las investigaciones, reportajes y publicaciones, concluyen que se debe en gran medida a un volumen importante de oro ilegal que es exportado; es importante señalar que, la mayoría de informes analizados, hacen referencia a una producción de oro no registrada, solo algunos indican expresamente como minería ilegal”