La región San Martín atraviesa una grave crisis socioambiental, agravada por la deforestación descontrolada, el avance de la minería ilegal y la expansión del narcotráfico, factores que amenazan directamente los esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible en la Amazonía peruana.
La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) Perú, con el respaldo de la Embajada del Reino de Noruega, desarrolla actualmente el proyecto “Unidos por los Bosques”, cuyo objetivo es reducir y revertir la pérdida de bosques en la Amazonía y fortalecer la participación ciudadana para incidir en políticas públicas efectivas. Como parte de esta iniciativa, se elaboró un informe técnico especializado sobre la situación ambiental de San Martín, región estratégica en la Amazonía norte del país.
Una deforestación fuera de control
Durante el 2022, San Martín perdió 17 762 hectáreas de bosque, lo que equivale a 41 veces la extensión de la laguna Sauce. El 62 % de esta pérdida se concentró en las provincias de Bellavista, Mariscal Cáceres, Lamas y Moyobamba. En las últimas dos décadas, la región ha perdido cerca de medio millón de hectáreas de cobertura forestal, posicionándola como la tercera con mayor pérdida acumulada en el país. De este total, más de 81 450 hectáreas fueron devastadas en territorios de comunidades nativas, campesinas y áreas naturales protegidas.
Minería ilegal y formalización fallida
El avance descontrolado de la minería ilegal afecta zonas como Chipurana, Huimbayoc, Santa Lucía, Awajún y Nuevo Progreso, donde se extrae oro aluvial con herramientas artesanales en el río Huallaga y otras zonas como Santa Catalina y Mircapero.
A julio de 2023, solo el 10.5 % de los 238 mineros en proceso de formalización había cumplido con los requisitos legales. El resto presentaba suspensiones o incumplimientos graves, lo que evidencia una formalización minera ineficaz y sin resultados concretos.
Territorio sin derechos y con coca
San Martín registra 2524 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca, en su mayoría ubicados en la zona del Huallaga. Tanto estos cultivos como gran parte de la deforestación se desarrollan en tierras sin títulos ni derechos reconocidos, lo que fomenta el narcotráfico y deja a las comunidades en la vulnerabilidad jurídica.
Defensores ambientales bajo amenaza
Entre 2019 y 2024, se documentaron 40 casos de amenazas contra defensores ambientales en San Martín, afectando a 53 personas, principalmente indígenas Kichwa, Awajún y Shawi.
- El 80 % fueron amenazas directas a su integridad y a sus familias.
- El 8 % correspondió a agresiones físicas, sexuales o psicológicas.
- En el 93 % de los casos, las amenazas estuvieron relacionadas con la defensa del medio ambiente y los pueblos indígenas, sobre todo frente a la tala ilegal.
Dos líderes indígenas han sido asesinados en la última década: Emilio Marichi y Quinto Inuma, símbolos de una lucha desigual por los bosques.
Crimen económico en expansión
Entre 2019 y 2023, los reportes de operaciones sospechosas por lavado de activos en San Martín aumentaron en 232.32 %. Solo en 2022, estas operaciones involucraron más de 53 millones de dólares, reflejando la presencia de economías ilegales organizadas que se nutren de la informalidad y la debilidad institucional.
Una región en riesgo, una respuesta pendiente
El informe concluye que la situación en San Martín representa una alerta temprana para toda la Amazonía. La ausencia de planificación territorial, la débil fiscalización ambiental, la ineficiencia en la formalización minera y la expansión del narcotráfico se combinan en un escenario crítico que demanda acciones urgentes y coordinadas.
El ordenamiento territorial ya no es una opción, sino una necesidad impostergable. Solo con un enfoque integral que garantice justicia ambiental, seguridad jurídica para las comunidades, desarrollo alternativo y gobernanza participativa, se podrá detener el colapso ambiental y social de esta región clave del país.