El expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, cuestionó la legalidad de su encarcelamiento tras ser condenado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos. A través de una columna publicada en el diario La República, titulada “La muerte del Estado de Derecho y la Democracia”, el exmandatario afirmó que su detención constituye un “secuestro por parte del Estado”, argumentando supuestas irregularidades en el proceso judicial.
Humala denunció que fue recluido sin que existiera una sentencia formalmente redactada, firmada y notificada al momento de su detención. Según su versión, el fallo fue formalizado recién el 2 de mayo, cuando ya se encontraba privado de libertad, lo cual —a su juicio— representa una violación al debido proceso y a sus derechos fundamentales.
En su pronunciamiento, dirigido a la opinión pública y a las instituciones del Estado, el exjefe de Estado arremetió contra los magistrados Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa, quienes integraron el tribunal que dictó la condena. “Estoy secuestrado por el Estado”, declaró, calificando el proceso como un atentado contra los principios de justicia y legalidad.
Humala fue hallado culpable por presuntamente haber recibido dinero ilícito de origen extranjero, específicamente de Odebrecht y del gobierno venezolano de Hugo Chávez, para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. La investigación estuvo a cargo del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, siendo uno de los casos más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en el país.
El proceso judicial se extendió por más de siete años, tiempo durante el cual el expresidente negó los cargos y sostuvo que era víctima de una persecución política.
De acuerdo con juristas consultados, tanto la Constitución como el Código Procesal Penal establecen que toda condena a pena privativa de libertad debe estar debidamente fundamentada y notificada por escrito antes de su ejecución. De comprobarse que Humala fue detenido sin este requisito, se abriría un debate legal sobre la validez de su encarcelamiento inicial.
Por su parte, fuentes del Poder Judicial han señalado que los procedimientos se llevaron a cabo conforme a ley, aunque hasta el momento no han emitido un pronunciamiento oficial respecto a las acusaciones del exmandatario.