El Congreso de la República enfrenta un nuevo episodio de crisis interna. Cuatro integrantes de la bancada de Acción Popular, junto a la parlamentaria andina Leslye Lazo, exigieron al vocero Carlos Alva retirar a Elvis Vergara de la presidencia de la Comisión de Ética y convocar a una reunión extraordinaria para aclarar su cuestionada designación.
Los legisladores denuncian que la designación no fue acordada en bancada y remarcan que Vergara llega a Ética con una “pesada mochila” de posibles irregularidades vinculadas al caso Los Niños, pese a que el reglamento del Congreso prohíbe a legisladores investigados por procesos penales integrar comisiones de Fiscalización y Ética.
El oficio fechado el 19 de agosto sostiene que en la última reunión de bancada, realizada el 5 de agosto, no se discutió la integración ni la presidencia de la Comisión de Ética. El congresista Wilson Soto afirmó que nunca fueron informados de la decisión y que, de haber existido transparencia, se habría podido evaluar a otros perfiles, como el de la congresista Silvia Monteza.
Acción Popular, en su réplica, insistió en que la decisión no fue consultada con el grupo parlamentario y que corresponde a la representación actuar con criterio de responsabilidad y transparencia.
Este nuevo escándalo acentúa las fisuras éticas en el Parlamento, ya golpeado por cuestionamientos a su legitimidad. Los congresistas críticos recalcan que las presidencias de comisiones deben estar en manos de personas “libres de cuestionamientos legales y éticos” para proteger la imagen institucional y la confianza ciudadana.
En paralelo, la bancada debe resolver la apelación de Raúl Doroteo a su expulsión y la definición sobre las presidencias de tres comisiones especiales, temas que marcarán el tono ético de Acción Popular y, por extensión, del Congreso.
El caso Vergara revela, una vez más, que las promesas de lucha contra la corrupción se enfrentan a prácticas políticas opacas, decisiones a puerta cerrada y una cultura de impunidad. Para muchos, invertir en una ética parlamentaria sólida y en prácticas transparentes no es solo una demanda moral, sino una necesidad urgente para restaurar la legitimidad del Poder Legislativo ante la ciudadanía.