El Gobierno peruano puso en marcha una reforma para garantizar que los fondos de cooperación internacional se destinen al interés público.
Con la publicación del Decreto Supremo 032-2025-RE, que reglamenta la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), se establece un sistema de control y transparencia para las ONG y entidades receptoras de recursos.
La norma, firmada por la presidenta Dina Boluarte y el canciller Elmer Schialer, se sustenta en tres ejes principales.
Registros obligatorios. Todas las organizaciones que gestionen cooperación internacional deberán inscribirse en los padrones de la APCI (ONGD, ENIEX e IPREDA). Estos serán públicos y mostrarán el origen, destino y ejecución de cada fondo.
Fiscalización activa. La APCI tendrá la facultad de realizar inspecciones en campo, entrevistar a beneficiarios y elaborar informes. El propósito es alinear la cooperación con la política exterior y las prioridades de desarrollo nacional.
Transparencia en tiempo real. Se implementará un sistema digital abierto al público que mostrará información actualizada sobre proyectos, contratos, fuentes cooperantes y sanciones aplicadas. Esto permitirá que cualquier ciudadano supervise el uso de los recursos.
El modelo también refuerza la coordinación con la Sunat y la SBS para prevenir el lavado de activos y el uso indebido de los fondos.
Además, fortalece el rol de la APCI en la cooperación técnica que Perú ofrece a otros países, buscando posicionar al país como un socio confiable y transparente en el ámbito internacional.
Con estas medidas, el Ejecutivo espera garantizar eficiencia, rendición de cuentas y recuperar la confianza ciudadana en el manejo de la ayuda internacional destinada a los sectores más vulnerables.