Para Angélica Coronel, del colectivo Pro-Ricuricocha a nivel de Municipalidad Provincial de San Martín, el tema sigue estático. Con mucho pesar constatamos que la Comisión de Asuntos Legales, a donde ha regresado el caso para ser evaluado, no recibe información de parte de Secretaría General. Estas demoras se han convertido en una constante, como ya lo hemos visto anteriormente.Los primeros responsables son la alcaldesa en primer lugar, como funcionaria principal de la municipalidad, y su Secretaría General, que son quienes deben poner en agenda los temas. Si realmente se considerara relevante que el propio jefe de asesoría jurídica declare en público que no ha habido audiencia pública, lo mínimo que correspondería es convocar una reunión y aclarar la incoherencia frente a lo que dice su funcionario de confianza y lo que afirma su gerente. En segundo plano, la responsabilidad recae directamente en la Comisión de Asuntos Legales, porque está en sus manos evaluar la legalidad de la ordenanza.
Estamos frente a un asunto en el que la falta de celeridad es una muestra clara de que no hay voluntad, ni en la alcaldía ni en los funcionarios, de solucionar el problema.
A esto hay que sumarle la participación de todos los demás sectores que formamos parte de la voluntad de hacer que la legalidad prime por encima de todo. Debemos hacer un llamado directo a los Colegios Profesionales, a la Cámara de Comercio, a las asociaciones y, en general, a la ciudadanía.
Cuando tenemos frente a los ojos una ilegalidad tan manifiesta y comprobada, no basta con un pronunciamiento público.
Saludamos y valoramos los comunicados, pero estamos en otro momento: lo que corresponde es que cada institución remita documentación por escrito a la Comisión de Asuntos Legales, con sustentos técnicos sólidos. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Biólogos, el Colegio de Abogados, todos ellos tienen mucho más que aportar, y deben hacerlo formalmente. Lo mismo la Cámara de Comercio, que promueve el turismo y tiene también responsabilidades en este debate.
Nosotros, en reiteradas ocasiones, hemos mostrado documentos que prueban que no ha habido audiencia pública, y eso ya quedó evidenciado públicamente. Tampoco ha habido participación del Consejo de Coordinación Local (CCL). Reiteramos a la municipalidad que nos entregue información que pruebe lo contrario, pero lo único que recibimos fue una comunicación sin documentos que lo respalden. Y no los adjuntan porque efectivamente esa participación nunca ocurrió.
El Decreto Supremo N.º 012-2012 establece claramente que el CCL debe participar en distintos momentos, no solo en el diseño de la participación ciudadana. La ausencia de audiencia pública y de participación del CCL demuestra que no se cumplieron los procedimientos básicos. Aquí se vulnera directamente al ciudadano, a la persona que nuestras autoridades deberían representar.
Es importante resaltar que el Ministerio de Vivienda está plenamente informado de lo que ocurre. En San Martín esto ya es un escándalo, aunque fuera de la región todavía no se conoce con la misma magnitud.
La Comisión de Desarrollo Provincial debería estar trabajando no solo en el caso Ricuricocha, sino también en lo que ocurre en Andiviela y Tortoroyaco, porque todos estos espacios forman parte del Plan de Desarrollo Urbano. Sabemos que existen proyectos inmobiliarios en estos humedales. El caso más difundido debe servir para proteger nuestras otras lagunas y recursos naturales. Estamos aún a tiempo de hacer esfuerzos, y no solamente por Ricuricocha. Fuente: Radio Tropical.