El Ministerio Público continúa investigando la aprobación del plan específico de la laguna Ricuricocha y dispuso ampliar la investigación penal contra tres funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Martín (MPSM), en el marco del proceso por presuntas irregularidades en la aprobación de una ordenanza municipal que favorecería a una empresa inmobiliaria.
Según información de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa N.º 3, se amplió la denuncia penal contra la subgerente de Catastro, Jemyn Rocío Dávila Huanca, por emitir el Informe N° 247-2025, el cual habría dado conformidad a un proceso de participación ciudadana que no se cumplió de manera adecuada.
Según declaraciones del abogado Napoleón Armstrong Salas Velásquez, representante de Pro-Ricuricocha, la fiscalía también investiga al gerente de Infraestructura, Félix Víctor Cabrera Reyes, por no supervisar los informes técnicos relacionados, y al asesor legal de la comuna, Jesús Pinedo Barrutia, por emitir el Informe Legal N° 017-2025 que permitió continuar con el trámite de la ordenanza pese a observaciones del Plan de Desarrollo Urbano (PDU).
De igual modo, la Fiscalía amplió la investigación preliminar a los regidores que aprobaron la ordenanza, tras conocerse nuevos testimonios que indicarían que estos tenían pleno conocimiento de las observaciones técnicas antes de su votación.
El proceso, aún está en etapa preliminar con plazo vigente hasta el 5 de diciembre, se sustenta en informes del Colegio de Arquitectos, la Contraloría, el Gobierno Regional y otras entidades técnicas, que coinciden en señalar que no se siguió el procedimiento adecuado, tal como lo establecen las normas.
Finalmente, Salas Velásquez sostuvo que lo más prudente sería que la MPSM anule la ordenanza, a fin de evitar mayores consecuencias legales y salvaguardar el interés público. Por: Hugo Anteparra
