Una grave transgresión. Keiko Fujimori utilizó equipos audiovisuales propiedad del Congreso de la República durante el lanzamiento oficial de su cuarta candidatura presidencial en la ciudad de Trujillo.

La cámara empleada en el evento político de Fuerza Popular llevaba adherida una etiqueta oficial del Estado peruano que decía: “Congreso de la República. Registro secuencial 25459. Inventario físico general 2024”. Esta no es una simple anécdota: es una prueba material del presunto uso indebido de recursos públicos.

La ley es clara: está prohibido. Las normas de gestión pública establecen que los bienes del Estado, adquiridos con el dinero de todos los peruanos, solo pueden ser usados para funciones institucionales. Su empleo en campañas políticas o actividades partidarias constituye una falta grave y puede acarrear sanciones administrativas o penales. Sin embargo, Fujimori y su bancada parecen actuar con una impunidad que desafía abiertamente la ley.

Silencio cómplice. Ante esta grave evidencia, Keiko Fujimori y los congresistas de Fuerza Popular que la acompañaban en el acto guardan silencio absoluto. Su negativa a ofrecer explicaciones solo profundiza la opacidad y refuerza la percepción de que consideran los recursos del país como propios, en una muestra más de abuso del poder y desprecio por la transparencia pública.