Iván Rojas García, representante del colectivo ambiental Ecoguerreros, denunció ante la prensa que se habría presentado un documento con la firma presuntamente falsificada de la alcaldesa de Tarapoto, Lluni Perea Pinedo, en el marco del proceso judicial por la acción de amparo interpuesta contra la Ordenanza Municipal N.° 022, referida al planeamiento específico para la urbanización de la laguna Ricuricocha. Según explicó, desde la municipalidad alguien remitió dicho documento al Poder Judicial para solicitar la nulidad de la acción de amparo, pese a que la autoridad edil habría estado de licencia.
Rojas García, precisó, que la supuesta irregularidad fue detectada cuando los Ecoguerreros revisaron la documentación presentada por la comuna, donde notaron inconsistencias en la rúbrica atribuida a la alcaldesa. Por esta razón, anunció que presentarán una nueva demanda para exigir que se realice una pericia grafotécnica que determine la autenticidad de la firma. “Todo indica que la firma es falsa, por eso pedimos la intervención de un perito especializado”, señaló.
El dirigente ambientalista recordó que, al momento de la presentación del documento, la alcaldesa se encontraba de permiso oficial, y que el regidor Joao Alfaro ejercía la encargatura del despacho de alcaldía. Esta situación ha generado preocupación y malestar entre los integrantes del Comité Pro Ricuricocha, quienes sostienen que el documento nunca fue conocido ni aprobado por el concejo municipal en pleno, a pesar de que en su contenido se señala lo contrario.
Iván Rojas cuestionó además que la defensa legal de la municipalidad haya sido asumida por una abogada externa, pese a que la institución cuenta con una procuraduría y asesores legales. “No entendemos por qué se contrata a una abogada ajena para representar al municipio. Todo esto nos hace pensar que hay intereses ocultos”, expresó.
Finalmente, el representante de los Ecoguerreros pidió al Poder Judicial y a la Contraloría intervenir para esclarecer quién o quiénes están detrás de la posible falsificación y del uso irregular de documentos públicos. “Queremos saber quién está manipulando estos procesos. No vamos a permitir que se vulnere la transparencia ni que se juegue con el futuro ambiental de Ricuriocha”, puntualizó Rojas García. Por: Hugo Anteparra
