La crisis de inseguridad ciudadana en el Perú, marcada por el auge de las extorsiones telefónicas y estafas virtuales, ha impulsado una drástica medida legislativa: un proyecto de ley que busca sancionar hasta con cuatro años de prisión a los directivos de empresas de telecomunicaciones que permitan o no controlen la venta informal de chips en la vía pública. Esta práctica es señalada como el origen de un delito masivo, pues facilita que organizaciones criminales adquieran líneas sin verificación de identidad para extorsionar y coordinar actividades ilícitas.
Según el legislador Raymundo, la venta ambulatoria de chips, habitual en mercados, paraderos y terminales terrestres, ha contribuido directamente al aumento de las extorsiones. El proyecto establece que los directores, administradores o gerentes que actúen con dolo o culpa —es decir, que tengan conocimiento o negligencia— podrían recibir una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, además de una multa de entre 365 y 730 días-multa. La iniciativa busca modificar el actual artículo 272-B del Código Penal para incluir la responsabilidad penal empresarial y evitar que los ejecutivos de mayor jerarquía queden “en impunidad”.
Las extorsiones por llamadas y mensajes son uno de los delitos de más rápido crecimiento; de hecho, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) reportó que entre 2023 y 2025 se bloquearon más de 1.8 millones de líneas telefónicas vinculadas a casos de extorsión, estafa y amenazas. El presidente de OSIPTEL, Rafael Muente, ha subrayado la “permisividad estructural” de las empresas, que han priorizado la competencia comercial sobre la seguridad del usuario. El proyecto de ley busca cerrar el vacío legal que aprovechan las operadoras, pasando de multas administrativas corporativas a una sanción personal para los responsables jerárquicos del delito de “comercialización irregular de servicios públicos móviles”.
Adicionalmente, el Gobierno ha reforzado el control sobre la venta y activación ilegal de líneas móviles mediante el Decreto Supremo N.º 128-2025-PCM, que establece la coordinación entre Osiptel, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público (MP) y los municipios. Esta medida busca cortar la cadena delictiva al brindar a estas entidades acceso en línea a los procesos de comercialización y activación de servicios, además de requerir que las municipalidades distritales informen sobre los puntos de comercio ambulatorio detectados. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que la norma “cierra espacios a la ilegalidad y protege la seguridad de los ciudadanos”, fortaleciendo la articulación entre autoridades para prevenir extorsiones y fraudes.
