El Gobierno peruano aprobó la extradición de César José Hinostroza Pariachi, exjuez supremo e investigado por graves hechos de corrupción, consolidando uno de los mensajes anticorrupción más firmes de los últimos años. La decisión fue adoptada el 17 de noviembre de 2025 en sesión del Consejo de Ministros, dando luz verde al traslado del exmagistrado desde Bélgica para que responda ante la justicia peruana.
La medida quedó oficializada mediante resolución suprema, emitida a solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que propuso la entrega del exjuez por el presunto delito de cohecho activo genérico. Con esta acción, el Ejecutivo reafirma su política de tolerancia cero frente a la corrupción y garantiza que uno de los personajes más controvertidos del sistema judicial enfrente un proceso en territorio nacional.
El procedimiento se sustenta en el informe de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, que recomendó aceptar la solicitud, y en la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró procedente el requerimiento, siguiendo el marco legal previsto para las extradiciones internacionales.
La petición inicial provino del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, que solicitó la extradición para que el exjuez afronte cargos vinculados al caso de los audios judiciales, uno de los mayores escándalos que remeció al sistema de justicia peruano.
La coordinación con las autoridades belgas, en cumplimiento de los tratados de cooperación judicial, evidencia que ningún funcionario o exautoridad puede ampararse en fronteras para evadir la justicia.
El caso de César Hinostroza, que cobró notoriedad tras la difusión de audios que revelaron negociaciones ilícitas y presuntos favores judiciales, marcará un precedente: la persecución de la corrupción alcanza incluso a las altas esferas del sistema de justicia. Una vez en Perú, el exmagistrado será puesto a disposición del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. El Gobierno señaló que esta extradición constituye un paso crucial en su lucha contra la impunidad y fortalece la imagen del país como un Estado que cumple sus compromisos internacionales y hace respetar la ley, “caiga quien caiga”, sin importar el rango, poder o influencia que haya tenido el investigado.



