García señala que, mientras las comunidades indígenas reciben amenazas por denunciar la contaminación con mercurio, grupos como los Menonitas abren carreteras sin estudios claros ni control estatal.
“Como estructura indígena, como defensores de la vida, estamos en la Mesa Técnica de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, pero estamos profundamente preocupados por la inacción del Estado”, afirma Marisol García Agueño, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa de Chazuta Amazonas (Fepikecha). Explica que, desde febrero, cuando se instaló la primera mesa del año, los acuerdos de las entidades públicas siguen “supuestamente en proceso”, mientras el Gobierno Regional de San Martín (Goresam) no cumple su principal compromiso: emitir la resolución que reconozca oficialmente esta Mesa de Defensores Ambientales.
“Un gobierno regional que da la espalda a los pueblos indígenas es lo que estamos viendo. Nosotros estamos en primera línea defendiendo los territorios frente a las economías ilícitas, y su sustento para no actuar es que —según ellos— no están vinculados al tema de derechos humanos. Eso es preocupante. Todos los samartinenses tenemos derechos humanos; nosotros también somos originarios de esta región, y ellos, como autoridades, tienen la responsabilidad no solo de proteger lo que defendemos, sino de velar por todos los que habitan San Martín”.
García denuncia que esta inacción agrava la expansión del tráfico de tierras, la minería informal e ilegal y otras actividades ilícitas que avanzan amparadas, muchas veces, por el propio Estado. “Eso lo hemos reportado en la mesa técnica.
Después del asesinato de Apu Quinto Inuma, el gobierno regional ha entrado en total inacción frente a estas economías ilícitas.
Hoy la minería ilegal está a unas cuantas horas de Chazuta y de Achidamiza, lo hemos documentado. Y mientras tanto, los mineros ahora dicen que, si van a la cárcel, nosotros —los indígenas que denunciamos la contaminación con mercurio en nuestras fuentes de agua— tendremos que mantener a sus hijos. Y que mencionarlos es ‘manchar su imagen’. ¿Cuál es la acción del gobierno regional ante esto? Está con las manos cruzadas. No quiere hacer absolutamente nada”.
Sobre las acusaciones que algunos grupos hacen contra las organizaciones indígenas, señalándolas de avalar el tráfico de tierras, su respuesta es tajante. “Siempre lanzan esas acusaciones contra quienes presidimos las organizaciones. Negamos y refutamos todo. Somos nosotros los que denunciamos estas economías ilícitas. No tiene sentido que nos acusen, si somos justamente los que recibimos amenazas por visibilizar lo que ocurre en el territorio. Hoy están aumentando las carreteras por el Bajo Huayabamba, está aumentando el tráfico de tierras, pero esas licencias y permisos no los damos nosotros: los otorga el gobierno regional, el ARA y otras entidades del Estado. Eso hay que tenerlo claro y no descontextualizar. Nosotros seguiremos denunciando y visibilizando lo que está pasando”.
Otro tema que preocupa es la presencia de los Menonita, que estaría promoviendo y construyendo una carretera en la región. “Nosotros reportamos hace dos años que los Menonitas habían entrado a Ucayali y que venían por Tierra Blanca con intención de llegar a San Martín, pusimos en conocimiento público. Pero la protección no puede recaer únicamente en los pueblos indígenas. No tenemos herramientas ni logística para enfrentar solo este problema, y ellos están trabajando en articulación con entidades del propio Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una sobreexposición de los defensores ambientales y de derechos humanos. A nosotros nos llaman deforestadores, pero a quienes realmente están rompiendo bosque para abrir carreteras les están dando informes de impacto ambiental favorables. ‘Hay que conectar’, dicen; bueno, asuman también su responsabilidad. Porque esa carretera trae consigo economías que impactan de manera negativa en nuestra vida”.
Finalmente, García responde a los rumores sobre una supuesta postulación al Congreso por San Martín. “No formo parte de ninguna lista parlamentaria. Tengo un cargo político dentro de la estructura indígena, y eso no me permite incursionar en la política pública del Estado en este momento. Más adelante podría verse la posibilidad, pero hoy estamos concentrados en defender los derechos fundamentales de las comunidades. No hay ninguna candidatura ahora, aunque el futuro siempre está abierto”.
