El Congreso de la República debate una iniciativa que busca castigar con hasta 10 años de cárcel el uso de bots y cuentas falsas para distorsionar elecciones. El proyecto, presentado por el congresista Pasión Dávila, llega en pleno contexto preelectoral rumbo a los comicios de 2026.

La propuesta, Ley N.° 13404/2025-CR, crea nuevos delitos en el Código Penal para sancionar a quienes utilicen sistemas automatizados o granjas de cuentas falsas con el fin de alterar la percepción pública y el voto. Se castigarían prácticas como simular apoyo masivo artificial a un candidato, difundir mensajes automatizados para influir en la opinión o manipular tendencias (hashtags). Las penas propuestas son de 4 a 8 años de prisión, además de multas e inhabilitación.

El proyecto establece agravantes que elevan la pena máxima a 10 años. Esto aplica si el responsable es un candidato o funcionario público, si la manipulación influye directamente en un resultado electoral, o si se usa financiamiento público.

Un punto central es la responsabilidad de los candidatos. Si se demuestra que ordenaron o financiaron estas redes, enfrentarían penas de 3 a 6 años. Si lograron un cargo gracias a estas prácticas, la condena sería de 5 a 8 años, con inhabilitación perpetua y pérdida del cargo.

Sus promotores aclaran que la ley no busca limitar la libertad de expresión ni el debate político legítimo, sino solo la actividad coordinada y automatizada para manipular elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sería el ente fiscalizador.

La discusión promete ser intensa, entre quienes ven una herramienta necesaria para proteger la democracia y quienes alertan sobre posibles usos políticos de la norma. El Congreso ha encendido así un debate urgente sobre cómo garantizar elecciones limpias en la era digital.