Ayer por la tarde, un grupo de líderes indígenas de la región San Martín y de otras regiones se reunió para denunciar públicamente el creciente peligro que enfrentan los defensores ambientales. Señalaron que las amenazas contra sus vidas continúan y los mecanismos de protección del Estado “solo funcionan en papel”, pues en la práctica no brindan la seguridad necesaria. San Martín ocupa actualmente el segundo lugar a nivel nacional después de Ucayali en riesgo para quienes defienden los bosques y territorios ancestrales.
Durante el encuentro, la abogada Cristina del Rocío Gabancho León, asesora legal de diversas comunidades nativas, sostuvo que el Gobierno Regional de San Martín se niega a aprobar una ordenanza que permita implementar medidas efectivas de seguridad para los líderes indígenas. Recordó que en la región existen 231 localidades nativas que demandan al Estado no solo cumplir con los mecanismos de protección vigentes, sino también asignar el presupuesto necesario para actuar ante cualquier emergencia.
Uno de los testimonios más preocupantes fue el de Marcelo Odicio Ángulo, líder cacataibo, quien actualmente vive desplazado debido a las amenazas de narcotraficantes. Explicó que, por motivos de seguridad, no puede regresar a su comunidad, situación que refleja la vulnerabilidad de los defensores ambientales que se oponen al avance de actividades ilegales como la tala y el narcotráfico.
La lideresa indígena Marisol García Pagüeño advirtió que, al igual que Odicio, otros defensores atraviesan situaciones similares sin recibir protección efectiva del Estado. Recordó también el asesinato, ocurrido hace exactamente dos años, de Quinto Inuma Alvarado, apu de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, crimen que hasta hoy sigue marcando a las comunidades de la zona.
Los participantes señalaron que el peligro persiste debido a la presencia constante de grupos dedicados a la deforestación y la extracción ilegal de madera, muchas veces vinculados a organizaciones del narcotráfico. Ante este escenario, los líderes indígenas insistieron en la urgencia de que el Estado adopte medidas inmediatas y reales para garantizar la vida e integridad de quienes defienden los territorios amazónicos. Por: Hugo Anteparra
