La exfiscal de la Nación Delia Espinoza respondió a la inhabilitación por 10 años aprobada por el Congreso, señalando que tanto el Parlamento como la Junta Nacional de Justicia (JNJ) habrían “tomado” el Ministerio Público con fines políticos. Aunque ya no ocupa el cargo, afirmó: “Yo me considero la legítima fiscal de la Nación, pese a quien le pese”, dando a entender que no reconoce la sanción.

Espinoza sostuvo que la medida sería una represalia por decisiones internas que incomodaron a sectores del Congreso y denunció que el proceso disciplinario avanzó pese a existir una orden judicial que suspendía el trámite. Afirmó que se pretende enviar un mensaje intimidatorio a los fiscales para consolidar un presunto control político de la institución, y añadió que algunos magistrados guardarían silencio por temor, mientras que otros estarían vinculados a un “pacto mafioso”.

La exfiscal cuestionó duramente a la JNJ, a la que calificó como una entidad “mal seleccionada” y responsable de “fechorías”. Sostuvo que dentro del Ministerio Público existen redes de corrupción que ella intentó enfrentar, mencionando la reciente detención de un fiscal “con las manos en la masa”.

Asimismo, afirmó que su proceso disciplinario presentó irregularidades, como la desestimación de su defensa, la falta de valoración de documentos, una audiencia no pública y una sanción que, según dijo, carece de base material. Anunció que presentará una acción de amparo y otras demandas por infracciones constitucionales y presuntos delitos contra la administración pública.

Finalmente, advirtió que su caso afecta la autonomía del Ministerio Público y profundiza lo que denominó una “dictadura congresal”. También afirmó que la red de los Cuellos Blancos “sigue operando” y habría influido en su destitución, debilitando la magistratura y afectando investigaciones sensibles.