El embarazo infantil forzado continúa avanzando en el Perú como una tragedia silenciosa que vulnera derechos, destruye proyectos de vida y deja marcas irreparables en cientos de niñas. Según el Registro en Línea del Certificado del Nacido Vivo del MINSA, entre enero y noviembre del 2025 se registraron 865 partos de menores de 14 años en todo el país. San Martín, una de las regiones más afectadas, reportó 61 partos de niñas entre 11 y 14 años en el mismo periodo, revelando que la violencia sexual contra menores no es un hecho aislado, sino un problema persistente y alarmante.

El comportamiento mensual de las cifras nacionales muestra un incremento sostenido: desde 35 casos en enero hasta un pico de 118 partos en octubre. En San Martín, aunque los números son menores, la tendencia permanece constante, con picos de 10 casos en octubre y 9 en noviembre. Detrás de estos registros hay historias de niñas que deberían estar estudiando y jugando, pero que terminan en salas de parto obligadas por agresores que, en muchos casos, siguen impunes dentro de su entorno familiar o comunitario.

Organizaciones como CLADEM Perú y PRODEMU advierten que todo embarazo infantil forzado es un delito, una grave vulneración de derechos humanos y una forma de violencia extrema que constituye incluso tortura, según estándares internacionales. Subrayan que toda víctima de violencia sexual debe recibir atención integral inmediata, incluyendo Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), pruebas para VIH y hepatitis, acompañamiento psicológico y, en caso de embarazo, información clara sobre el aborto terapéutico, conforme al marco legal vigente.

El impacto también se refleja en el ámbito educativo. En San Martín, entre las niñas afectadas: 12 tienen primaria completa, 1 primaria incompleta, 3 secundaria incompleta y 45 secundaria completa, una evidencia contundente de desigualdad, abandono escolar y vulnerabilidad estructural. Cada caso se inscribe en un circuito de pobreza y violencia que atrapa a cientos de menores año tras año.

Frente a este escenario, las organizaciones defensoras de derechos humanos llaman a la ciudadanía a romper el silencio y denunciar. Toda agresión puede ser reportada a través de la Línea 100, los Centros de Emergencia Mujer (CEM), comisarías o cualquier autoridad local capaz de activar rutas de protección. El lema “Niñas, no madres” vuelve a resonar como un llamado urgente que exige acción del Estado, las familias, escuelas y comunidades.

Mientras las cifras siguen creciendo, San Martín y el país entero están ante una deuda impostergable: proteger a cada niña cuya infancia ha sido arrebatada. Mirar hacia otro lado significa fallarles nuevamente.