El avance de la minería ilegal vuelve a mostrar su rostro más violento en la Amazonía peruana. Tras los recientes operativos de interdicción en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, Huánuco, defensores ambientales vinculados al Área de Conservación Privada (ACP) Panguana y a la Estación Biológica Panguana vienen recibiendo amenazas contra su vida e integridad, según alertó el Observatorio de Minería Ilegal.

Los hechos evidencian un grave incremento del riesgo para las personas que protegen uno de los ecosistemas más valiosos del país, en una zona donde operan redes de minería ilegal altamente articuladas, capaces de destruir ríos, suelos y bosques con maquinaria pesada, y de intimidar a quienes denuncian o enfrentan estas actividades criminales.

El Observatorio informó que, desde agosto del 2025, se solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la inclusión de los miembros e instituciones vinculadas al ACP Panguana en el registro oficial de defensores ambientales, trámite que aún sigue en evaluación. Y aunque el 18 de septiembre del 2025 la Subprefectura de Yuyapichis otorgó garantías personales, estas resultan claramente insuficientes frente al clima de hostilidad que se vive en la zona.

La destrucción causada por la minería ilegal fue documentada recientemente por el dominical Cuarto Poder, que reveló la magnitud del daño provocado por los cuatro mineros ilegales más grandes de Yuyapichis y la compleja red que sostiene su accionar. Tras ello, se instaló presencia temporal de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, quienes intervinieron maquinaria pesada usada para la extracción ilícita de oro.

Sin embargo, la reacción de los grupos ilegales no tardó en llegar: amenazas directas, mensajes intimidatorios y vigilancia a pobladores y científicos vinculados a la conservación han encendido las alarmas. El Observatorio advierte que los perpetradores buscan obstaculizar la acción del Estado, generar miedo y expulsar a quienes protegen el bosque.

Ante este escenario, el pronunciamiento exige la intervención urgente del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Ambiente, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio Público, especialmente a través de las Fiscalías de Derechos Humanos, para adoptar medidas inmediatas y efectivas de protección, así como impulsar operaciones sostenidas que desarticulen las estructuras criminales que devastan el territorio.

“El Estado debe actuar con firmeza, aplicar la ley y garantizar la protección integral de quienes defienden el ACP Panguana y su entorno, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”, señala el comunicado.

El pronunciamiento es suscrito por reconocidas organizaciones y especialistas, entre ellos Sociedad Zoológica de Fráncfort – FZS Perú, Conservación Amazónica – ACCA, Asociación Ecosistemas Andinos – ECOAN, Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural – SEPAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Naturaleza y Cultura Internacional, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible – FCDS, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como ambientalistas de larga trayectoria como César A. Ipenza Peralta, Mariano Castro Sánchez-Moreno y Manuel Bernales Alvarado.

El mensaje es contundente: la minería ilegal no solo destruye bosques y ríos; también amenaza vidas. Y mientras el Estado no garantice seguridad y presencia sostenida, los defensores del ACP Panguana seguirán en la primera línea, enfrentando solos a un crimen organizado que avanza sin tregua.