Presidente Jerí: Somos parte de la naturaleza, no sus dueños, el cambio puede empezar con usted.

La autógrafa que extiende el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2026 queda bajo evaluación del Ejecutivo, en medio de cuestionamientos a su redacción y del debate sobre el deber constitucional del Estado de garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano, consagrado en el artículo 2°, inciso 22, de la Constitución Peruana.

El futuro de la ley que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026 aún no está definido. El presidente José Jerí confirmó que recibió la autógrafa enviada por el Congreso de la República, pero advirtió que un “detalle” en la redacción del texto legal le generó especial preocupación, razón por la cual decidió esperar el informe técnico del Ministerio de Energía y Minas (Minem) antes de tomar una decisión final sobre su promulgación.

En declaraciones a la prensa, el jefe de Estado explicó que la observación detectada está directamente vinculada con la ampliación del registro, un mecanismo que, desde hace años, divide opiniones por su impacto en la lucha contra la minería ilegal y sus efectos en los ecosistemas amazónicos y andinos. “Estoy esperando la información del sector, hay una observación que particularmente me ha despertado mucho la atención en la redacción, pero voy a esperar formalmente el informe técnico del sector”, señaló el mandatario, dejando abierta la posibilidad de observar la ley.

La autógrafa fue remitida al Ejecutivo el viernes 19 de diciembre, y, según precisó José Jerí, aún existe un plazo prudente para analizarla con detenimiento. La eventual observación no sería un simple trámite político, sino una decisión que podría marcar un punto de inflexión en la política pública sobre formalización minera, un proceso que ha sido reiteradamente prorrogado sin resolver de fondo la expansión de actividades extractivas informales en zonas ambientalmente sensibles.

El debate no es menor. La Constitución Política del Perú, en su artículo 2°, inciso 22, reconoce el derecho fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y establece una obligación clara tanto para el Estado como para la ciudadanía: defender y preservar el ambiente para las futuras generaciones. En ese marco, la ampliación del Reinfo vuelve a colocar en tensión la necesidad de ordenar la actividad minera frente al riesgo de que el registro sea utilizado como escudo legal para prácticas que degradan ríos, bosques y territorios comunales.

Mientras el Minem prepara su informe técnico, el Ejecutivo mantiene en suspenso una decisión que trasciende lo administrativo. Se trata, en esencia, de definir si el país continúa apostando por prórrogas sucesivas o si avanza hacia una política que armonice desarrollo económico, formalización real y protección ambiental, tal como lo exige la Constitución y la creciente demanda ciudadana por un futuro sostenible.