Mediante una carta notarial, el Gobierno Regional de San Martín comunicó la cancelación definitiva del contrato suscrito con el Consorcio Ejecutor LCM, encargado de la ejecución de la obra para la implementación de una sala de hemodiálisis en el Hospital de Tarapoto. La decisión fue adoptada debido a reiterados retrasos e incumplimientos contractuales que afectaron seriamente el avance del proyecto.
De acuerdo con el documento oficial, la autoridad regional sustenta la resolución del contrato en la acumulación del monto máximo permitido por concepto de penalidades por mora, conforme a la normativa vigente. El monto total de la penalidad asciende a S/ 1 172 735,22 (Un millón ciento setenta y dos mil setecientos treinta y cinco con 22/100 soles), cifra que representa exactamente el 10 % del valor total del contrato.
Según fuentes del Gobierno Regional, alcanzar este tope financiero faculta legalmente a la Entidad a resolver el contrato de manera total, tal como lo establece el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Este mecanismo busca salvaguardar el interés público frente a incumplimientos que ponen en riesgo la ejecución oportuna de obras prioritarias.
El documento notarial también detalla que las fallas del contratista han generado perjuicios directos en la culminación de la sala de hemodiálisis, un servicio esencial para los pacientes con enfermedad renal crónica de la región. Ante esta situación, se dispuso citar a todas las partes involucradas para realizar una constatación física e inventario de la obra.
Dicha diligencia se llevó a cabo ayer martes y contó con la presencia de representantes del Gobierno Regional, el supervisor de obra y un notario público. El objetivo fue levantar un acta oficial que detalle el estado real de la infraestructura, los avances de las metas verificables y el inventario de bienes existentes tras la terminación del vínculo contractual.
Paralelamente, varios proveedores se hicieron presentes en el frontis de la obra, exigiendo el pago de las deudas que, según indicaron, mantiene el consorcio ejecutor con ellos. La autoridad regional señaló que estas acciones legales buscan garantizar la continuidad del proyecto y asegurar que los servicios de salud sean culminados en beneficio de la población. Por: Hugo Anteparra
