Al ingresar a la recta final del año 2025, el Perú enfrenta una de las crisis más persistentes y dañinas para su democracia: la corrupción

Por su impacto directo en el Estado, en las regiones y en la vida cotidiana de los ciudadanos, VOCES considera imprescindible poner esta información en el centro del debate público.

El último informe de Transparencia Internacional revela cifras alarmantes que confirman el deterioro de la institucionalidad y la profunda desconfianza hacia quienes ejercen el poder. No se trata solo de números: son señales claras de un sistema que sigue fallando y de un país que arrastra una deuda pendiente con la ética pública. El 2026 será un año decisivo para el Perú y para la región San Martín. Dos procesos electorales marcarán el rumbo político del país y volverán a poner a prueba la responsabilidad ciudadana. En ese escenario, mirar hacia otro lado no es una opción. Elegir sin información es repetir errores que ya han tenido un alto costo social.

VOCES asume el compromiso de informar con datos verificables y fuentes confiables, pero también de advertir. La lucha contra la corrupción no empieza en los discursos ni termina en los tribunales: empieza en el voto, en la memoria y en la conciencia de cada ciudadano.

En dos entregas, presentaremos un análisis claro y directo de esta cruda realidad, con el objetivo de contribuir a una ciudadanía más informada, crítica y responsable. Porque callar también es una forma de renunciar, y el país ya no puede permitírselo.

La corrupción alcanza su mayor impacto en la desconfianza, la economía y los servicios públicos. Muchas prácticas irregulares se han vuelto parte de la rutina diaria. Por ejemplo, ofrecer seguridad policial a negocios privados usando patrulleros del Estado, acelerar trámites municipales a cambio de una coima, o incluso archivar investigaciones fiscales mediante sobornos

La corrupción en el Perú ha dejado de ser un escándalo excepcional para convertirse en una práctica cotidiana que erosiona la confianza ciudadana, debilita las instituciones y afecta directamente la economía y los servicios públicos. Acciones como el uso de patrulleros del Estado para brindar seguridad privada, la aceleración de trámites municipales a cambio de coimas o el archivo de investigaciones fiscales mediante sobornos se repiten con tal frecuencia que, para muchos ciudadanos, han terminado por parecer parte normal del funcionamiento del aparato público.

Este proceso de normalización no es nuevo. El historiador Alfonso Quiróz Norris, en su libro Historia de la corrupción en el Perú, recuerda que estas conductas se remontan incluso a la época colonial. Su advertencia es clara: cuando las instituciones son débiles, la corrupción crece; y cuando la corrupción crece, las instituciones se vuelven aún más frágiles, generando un círculo vicioso difícil de romper.

Esa percepción histórica se confirma hoy con datos recientes. La 13.ª Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción, elaborada por Proética, revela que el 67% de los peruanos considera que la corrupción, junto con la delincuencia, es el principal problema del país. Más aún, el 88% de los encuestados cree que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años, un indicador que refleja no solo hechos concretos, sino también una profunda sensación de desgaste social.

Para José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, esta percepción está directamente vinculada a la desconfianza y la desesperanza. Según explica, el pesimismo se ha instalado en la ciudadanía, generando una sensación de desconexión frente a la posibilidad real de cambio. “Los ciudadanos se sienten desafectos, alejados de la idea de que este problema pueda revertirse”, advierte.

El impacto más severo de este escenario es el colapso de la confianza en las instituciones del Estado. Cuando se pregunta a la ciudadanía cuál es la institución más corrupta del país, la respuesta es contundente: el Congreso de la República. De acuerdo con Proética, el 85% de los peruanos señala al Congreso como la institución más corrupta, seguido por la Fiscalía de la Nación (35%), el Poder Judicial (33%) y la Policía Nacional del Perú (33%). Paradójicamente, son estas mismas entidades las que la población espera que lideren la lucha contra la corrupción.

El ex Contralor General de la República, Fuad Kuri, sostiene que revertir esta percepción será un proceso largo y complejo. A su juicio, no bastan reformas superficiales, sino que se requiere un cambio cultural profundo, basado en educación en valores y ética pública, impulsado de manera sostenida desde el Estado y la sociedad.

Otro dato revelador del estudio de Proética expone una contradicción social persistente: el 64% de los encuestados considera que los peruanos son corruptos, pero el 89% se percibe a sí mismo como honesto. Este fenómeno, descrito como “externalización”, implica que la responsabilidad siempre recae en los políticos o las instituciones, pero rara vez en las prácticas individuales.

Desde una mirada más amplia, Denise Legard, oficial de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que la corrupción trasciende lo estrictamente institucional y se entrelaza con otros problemas estructurales del país. La delincuencia, la extorsión, la ineficiencia en obras públicas y la mala prestación de servicios tienen, según advierte, un fuerte componente de corrupción, que agrava la ineficacia del Estado y profundiza el malestar ciudadano.

Los resultados del informe de Proética confirman que la corrupción ya no se percibe solo como una suma de casos aislados, sino como un factor que distorsiona la democracia, afecta la economía familiar y rompe el vínculo de confianza entre el ciudadano y el Estado. Tal como resume José Luis Gargurevich, hoy la población es más consciente de que la corrupción impacta directamente en su vida cotidiana, pero también de que socava la legitimidad de las autoridades y las instituciones.

En ese contexto, comprender la magnitud de esta crisis de confianza se vuelve un paso imprescindible. Sin un reconocimiento profundo del problema y sin reformas estructurales que vayan más allá del discurso, la corrupción seguirá siendo no solo un mal persistente, sino una barrera real para el desarrollo democrático del país.

Fuentes: Proética, 13.ª Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción; Alfonso Quiróz Norris; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).