La economía de San Martín cerró el 2025 con un balance positivo, impulsada por el dinamismo del sector agroexportador y un mayor ritmo de inversión pública. Así lo señala el Instituto Peruano de Economía (IPE), que en su análisis de mediados de año destacó una recuperación sostenida, con un crecimiento aproximado del 3% en el último bimestre, superando los registros de años anteriores y confirmando la resiliencia de la región en un contexto nacional todavía desafiante.

El motor principal de este repunte ha sido el agro. Productos emblemáticos como el cacao, café y la palma aceitera consolidaron su papel estratégico en la economía regional, generando empleo, ingresos y cadenas productivas. A este escenario se sumó el mayor dinamismo de la inversión pública y el crecimiento en el consumo de cemento, indicadores que reflejan una reactivación de obras y proyectos de infraestructura, tanto públicos como privados.

Este desempeño permitió que San Martín mantenga una posición destacable en el Ranking de Competitividad Regional – INCORE 2025, elaborado por el IPE, mostrando avances en actividad económica y gestión pública. Sin embargo, el mismo informe advierte que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza desarrollo integral ni equitativo si no va acompañado de mejoras sustantivas en los servicios básicos y en la calidad de vida de la población.

La principal alerta está en el frente social. Pese al avance productivo, la región arrastra profundas brechas estructurales en saneamiento, salud, educación y conectividad, que limitan la sostenibilidad del crecimiento. En el ámbito de agua y alcantarillado, las cifras son elocuentes: la cobertura de agua potable rural alcanza solo el 79.9%, mientras que el alcantarillado rural apenas llega al 32.4%, dejando a miles de familias sin una disposición sanitaria adecuada. Para cerrar estas brechas, se estima una inversión cercana a S/. 1,092 millones hasta el 2027, un reto mayúsculo para los distintos niveles de gobierno.

En salud, la situación no es menos preocupante. Persisten la escasez de recursos humanos, la falta de insumos y medicamentos, la infraestructura deficiente y un déficit presupuestal que se traduce en comunidades enteras sin acceso efectivo a servicios básicos. Esta precariedad golpea con mayor fuerza a las zonas rurales y amazónicas, donde la atención oportuna sigue siendo una deuda pendiente del Estado.

La conectividad, clave para la competitividad y la inclusión, es otro de los grandes desafíos. El acceso a internet continúa siendo limitado, especialmente para las poblaciones más vulnerables, reduciendo oportunidades educativas, productivas y de acceso a información. En educación, si bien se ha logrado ampliar la cobertura, la calidad educativa sigue rezagada, con brechas en aprendizaje, infraestructura escolar y formación docente.

A ello se suma una infraestructura general deficiente, marcada por problemas de conectividad vial, limitada infraestructura hidráulica para usos productivos y un acceso aún restringido a nuevas tecnologías, factores que frenan el potencial de la región y encarecen su desarrollo.

El trasfondo social es complejo. Según estimaciones citadas en el análisis, alrededor del 64% de la población vive en pobreza o en situación de alta vulnerabilidad, siendo estos grupos los más afectados por la falta de servicios básicos, alimentos de calidad y educación adecuada. En ese contexto, el IPE subraya que el reto de San Martín no es solo crecer, sino hacerlo de manera inclusiva y sostenible.

El mensaje es claro: la región avanza y muestra señales alentadoras, pero el verdadero desafío está en convertir el crecimiento económico en bienestar social. Sin una apuesta decidida por cerrar brechas en saneamiento, salud, educación y conectividad, el riesgo es consolidar una economía que crece, pero deja atrás a una parte importante de su población. El cierre positivo del 2025 es una oportunidad; el 2026 y los años siguientes dirán si San Martín logra transformar ese impulso en desarrollo real y duradero