Un caso judicial registrado en la ciudad de Tarapoto, región San Martín, ha generado preocupación en el sector inmobiliario al plantear la posibilidad de que una venta de terreno realizada de manera formal pueda ser nuevamente cuestionada años después. La situación ha encendido alertas entre inversionistas y especialistas, debido a que la operación ya había sido investigada y archivada definitivamente en 2023, además de encontrarse debidamente inscrita en los registros públicos del Estado peruano.
La controversia tiene como antecedente la compraventa de un inmueble celebrada el 18 de octubre de 2019 ante la Notaría Rodríguez Ríos. El vendedor fue Reyes García Díaz, quien figuraba como único titular del predio bajo la partida registral N.º 05006807, inscrita ese mismo año. Durante la formalización del acto notarial, García Díaz declaró su estado civil como soltero, presentó su Documento Nacional de Identidad y cumplió con todos los requisitos exigidos por la normativa notarial y registral vigente, permitiendo que la transacción comercial se realizara sin observaciones administrativas.
En el año 2022, el mismo García Díaz presentó una denuncia penal por presunta estafa ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto, contenida en la Carpeta Fiscal N.º 1598-2022. Como parte de las diligencias, la Fiscalía verificó la autenticidad de la firma del vendedor y confirmó que este estuvo presente en la notaría al momento de concretarse la venta inmobiliaria. Asimismo, se determinó que en la fecha de la operación comercial no existía matrimonio ni unión de hecho declarada entre García Díaz y Narda Vela Rojas, persona mencionada en la denuncia y que recién contrajo matrimonio con él con posterioridad a la compraventa inscrita.
Con estos fundamentos jurídicos, el Ministerio Público dispuso el archivo definitivo del caso en 2023, decisión fiscal que fue ratificada por el Poder Judicial. Pese a ello, en 2024 la Fiscalía reabrió la investigación por los mismos hechos bajo la figura de estafa agravada, mediante la Carpeta Fiscal N.º 198-2024, e incluyó como investigados no solo al comprador del terreno en disputa, sino también al notario público Marco Rodríguez Ríos y al registrador que inscribió la transacción formal.
Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de control de acusación ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapoto, con el Expediente N.º 01771-2024-0-2208-JR-PE-2, lo que ha generado sorpresa institucional. Este proceso judicial se desarrolla en medio del creciente dinamismo económico de Tarapoto como destino turístico nacional. Según cifras oficiales, en 2024 la ciudad superó el millón de visitantes a establecimientos de hospedaje, lo que ha impulsado la valorización de terrenos y el desarrollo de proyectos urbanísticos en sectores como Zapatero, Shapaja y la carretera hacia Sauce.
Al referirse al tema, el decano del Colegio de Notarios de San Martín, Dr. Dante Barrios Falcón, defendió con firmeza la actuación del notario Rodríguez Ríos. Afirmó que es un profesional absolutamente correcto, idóneo, que se conduce siempre dentro del marco legal, destacando su probidad personal. Recordó que el doctor Marco Rodríguez no tiene ningún tipo de problemas disciplinarios y ha contribuido bastante al tema notarial con importantes aportes jurídicos que siempre realiza.
Respecto a la reapertura del caso, Barrios Falcón fue claro al advertir que no conoce el contexto en absoluto, pero sostuvo que “al parecer están tratando de revivir un muerto”, lo cual va contra las normas notariales, constitucionales y todo el aparato legislativo, porque si esto ya es cosa juzgada, no se entiende bajo qué argumento puede iniciarse nuevamente una investigación judicial.
Fuente: Infobae
