Ante denuncias por presuntos condicionamientos en el proceso de matrícula, la UGEL San Martín anunció acciones de supervisión y exhortó la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar el derecho a la educación en Tarapoto.

El director de la UGEL San Martín, Markovich Ríos Chumbe, aclaró que la matrícula escolar en las instituciones públicas es totalmente gratuita y que las APAFAS no tienen ninguna injerencia en los procesos administrativos ni en la matrícula, tras las denuncias surgidas en la Institución Educativa Juan Jiménez Pimentel, en la ciudad de Tarapoto.

El funcionario informó que, luego de conocer el caso a través de los medios de comunicación, la UGEL realizó una visita inmediata al plantel involucrado, donde se dejó constancia de recomendaciones expresas para evitar cualquier tipo de condicionamiento, recordando que la matrícula forma parte del derecho fundamental a la educación. Asimismo, anunció una reunión con el equipo directivo para reforzar el correcto manejo del proceso.

Ríos Chumbe precisó que las APAFAS son organismos de apoyo de carácter privado y, por tanto, no pueden exigir pagos, constancias de no adeudo ni afiliación como requisito para la matrícula.
“No debe existir ningún tipo de condicionamiento de parte de la APAFA”, enfatizó.

Indicó, no obstante, que las APAFAS pueden acordar cuotas extraordinarias, siempre que estas estén destinadas al plan anual de trabajo de la institución y no se conviertan en una obligación para acceder a una vacante, pudiendo establecerse pagos fraccionados mediante actas de compromiso.

El director reconoció que en muchas instituciones existe incumplimiento en los aportes de algunos padres, lo que genera una carga para quienes sí cumplen; sin embargo, recalcó que esta situación no justifica vulnerar los derechos de los estudiantes.

Asimismo, exhortó a los padres de familia a ratificar oportunamente las matrículas y realizar con responsabilidad los traslados de nivel, recordando que existen plazos establecidos por el Ministerio de Educación, y que las solicitudes fuera de fecha generan conflictos por la disponibilidad real de vacantes.

Finalmente, Ríos Chumbe precisó que la sola presentación de una solicitud no garantiza una vacante, ya que esta depende de criterios técnicos; sin embargo, reiteró que exigir documentos vinculados a la APAFA es una práctica incorrecta y contraria a la norma.

Ante este escenario, la UGEL San Martín anunció que reforzará las acciones de supervisión, mientras que se exhortó la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la matrícula y evitar vulneraciones al derecho a la educación.