Mientras no se entienda que la lluvia no es el enemigo, sino la improvisación, el país seguirá contando daños cada año. Y la historia, lamentablemente, seguirá repitiéndose.
Por: Beto Cabrera Marina
Cada temporada de lluvias en el Perú trae consigo una escena que ya no sorprende, pero que nunca deja de indignar: ciudades inundadas, viviendas anegadas, carreteras colapsadas y familias expuestas al riesgo. Tarapoto, como muchas urbes de la selva y la sierra, vuelve a ser ejemplo de una emergencia que no es natural, sino estructural y previsible.
Las lluvias intensas no son un fenómeno nuevo. El Senamhi las anuncia con anticipación, Indeci emite alertas, y los gobiernos locales conocen —o deberían conocer— los puntos críticos de su jurisdicción. Sin embargo, año tras año se repite el mismo guion: ausencia de obras preventivas, reacción tardía y discursos de contingencia cuando el daño ya está hecho.
El problema de fondo es la falta de planificación urbana real y sostenida. Muchas municipalidades no cuentan con Planes de Desarrollo Urbano (PDU), y aquellas que sí los tienen los ignoran sistemáticamente. Se permite construir en zonas inundables, se urbanizan quebradas y fajas marginales, y se pavimentan calles sin sistemas de drenaje pluvial, convirtiendo cada lluvia fuerte en una amenaza.
Esta improvisación tiene un alto costo social y económico. Las inundaciones no solo destruyen pistas y viviendas, también interrumpen el transporte, afectan el comercio, aislan comunidades y ponen en riesgo la vida de miles de personas. A ello se suman los elevados gastos en reparaciones de emergencia, que terminan siendo más caros que una inversión planificada y preventiva.
Pero más grave aún es la cultura reactiva que se ha normalizado en la gestión pública. Esperamos que la tormenta llegue para recién hablar de acciones, cuando la prevención debería ser la regla y no la excepción. Se prioriza la foto del auxilio, el reparto de ayuda y la declaratoria de emergencia, mientras se posterga indefinidamente la ejecución de obras estructurales.
Surge entonces una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿por qué no se planifica cuando hay tiempo? La respuesta puede encontrarse en una combinación de falta de capacidad técnica, desinterés político, rotación constante de autoridades y, en algunos casos, choque de intereses vinculados al uso del suelo y al crecimiento desordenado de las ciudades.
La ausencia de planificación no es solo un problema técnico, es un problema de gobernanza. Sin una visión de ciudad a mediano y largo plazo, sin respeto por los instrumentos de planificación y sin fiscalización efectiva, las emergencias seguirán siendo recurrentes y las soluciones, siempre temporales.
El cambio pasa por asumir que la prevención no da réditos políticos inmediatos, pero sí salva vidas y recursos públicos. Invertir en drenaje pluvial, ordenamiento territorial, educación ciudadana y cumplimiento estricto de los planes urbanos no es una opción, es una obligación.
