Más allá de la presión política, el procedimiento para apartar al mandatario encargado revela una disputa de fondo sobre legalidad, responsabilidad y uso correcto de las herramientas constitucionales.

Las visitas extraoficiales del presidente de la República, José Jerí, al empresario chino Zhihua Yang han desatado una creciente tormenta política que reaviva el debate sobre los límites del poder, la transparencia en la función pública y el correcto uso de los mecanismos parlamentarios. Mientras diversos candidatos presidenciales y bancadas del Congreso exigen su salida inmediata del cargo, la discusión se centra ahora en una pregunta clave: ¿corresponde una vacancia presidencial o una censura parlamentaria?

Hasta el cierre de esta nota, en el Congreso de la República se impulsaban cinco mociones para que Jerí Oré deje la Presidencia: una moción de vacancia, promovida por Segundo Montalvo (Perú Libre), y cuatro mociones de censura, presentadas por Edward Málaga (no agrupado), Edwin Martínez (Acción Popular), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular). La coexistencia de ambos caminos constitucionales ha generado confusión y confrontación política.

En ese contexto, el exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Walter Gutiérrez, fue enfático al precisar que José Jerí no es un presidente electo, sino un presidente encargado, que asumió la Jefatura del Estado en su condición de titular del Parlamento. Desde esa premisa, sostuvo que el planteamiento de una vacancia presidencial resulta jurídicamente improcedente. “Él es encargado de la Presidencia de la República, de manera que aquellos que hablan de vacancia están descaminados”, afirmó.

Para Gutiérrez, el procedimiento constitucional correcto, de darse las condiciones políticas y legales, sería la censura, en tanto Jerí forma parte de la Mesa Directiva del Congreso y su permanencia en la Presidencia deriva directamente de ese cargo. Bajo esta lógica, la salida del mandatario no pasaría por un juicio político excepcional, sino por un mecanismo de control parlamentario ordinario.

El exdecano del CAL también cuestionó con dureza los pedidos públicos de renuncia, al calificarlos como una “declaración política e irresponsable”, advirtiendo que el uso impreciso de las figuras constitucionales debilita el Estado de derecho y confunde a la ciudadanía en un momento de alta sensibilidad institucional.

Así, más que un simple pulso político, el caso José Jerí expone una discusión de fondo sobre legalidad, institucionalidad y rigor constitucional, en la que el Parlamento no solo define el destino de un presidente encargado, sino también la seriedad con la que ejerce sus propias atribuciones.

Cuando la política se impone al derecho, no cae un presidente: se erosiona la República.