“La Amazonía no puede seguir siendo botín de mafias, los candidatos regionales, provinciales y al Congreso deben fijar posición”

De confirmarse los indicios, la alcaldesa podría enfrentar suspensión, vacancia y eventuales sentencias penales por delitos graves vinculados a corrupción, asociación ilícita y afectación ambiental. El caso marca un punto de quiebre para la ética pública en plena coyuntura electoral.

Desde el inicio, Ivan Rojas – Ecoguerrero – sostiene que la aprobación de la Ordenanza Municipal N.° 022 estuvo rodeada de irregularidades evidentes. “Días antes advertimos que no cumplía con los requisitos legales. Nos comunicamos con los regidores e incluso buscamos a la alcaldesa, porque sabíamos que era una ordenanza viciada. Aun así, se aprobó”, relata. Solo después de que se anunciara una denuncia penal y se entregaran más documentos, los regidores intentaron retroceder, aunque la norma ya había sido formalmente aprobada.

Rojas afirma que, desde un inicio, advirtió que la ordenanza beneficiaba directamente a una empresa. “La historia ya es conocida: nos menospreciaron, no nos tomaron en cuenta y nunca respondieron nuestras reconsideraciones ni actos administrativos. Luego, al leer la ordenanza, aparece claramente el nombre de Ciudadpolis. Antes teníamos indicios, ahora tenemos coincidencias documentales”, subraya.

Un episodio clave ocurrió cuando el subgerente de Catastro leyó en sesión un documento que – según Rojas – no comprendía y que aparentemente no había redactado. “Ahí nos dimos cuenta de que había alguien más digitando, ordenando desde atrás. Después recibimos información directa: esta ordenanza favorecía a Ciudadpolis. Incluso personas del entorno de la empresa nos abordaron al salir de una reunión”, denuncia.

Con el paso del tiempo, el equipo del Ecoguerrero recibió versiones aún más graves: presuntos ofrecimientos de dinero a abogados para que se sumaran a la defensa de intereses privados y neutralizar las denuncias ambientales. “Reclamé públicamente a los regidores por caminar de la mano con abogados de la otra parte. Se molestaron, pero los hechos hablan”, afirma.

En diciembre, Rojas tuvo conocimiento de audios que luego serían corroborados. “No podíamos usarlos sin verificar. Hoy vemos que coinciden los documentos, las fechas, los beneficiarios, la Ordenanza 022 y el contenido de los audios. El interlocutor habla de invertir dinero, de beneficios y de maniobras para tumbar la ordenanza que derogaba la 022. ¿Quién es el único beneficiado? Ciudadpolis”, enfatiza.

Según Rojas, la voz y el tono del audio coinciden con los de la alcaldesa, quien públicamente se negaba a firmar ciertos actos, pero en las grabaciones – según su versión – aparece contradiciéndose. “Eso nos sorprendió, porque fue inflexible para no firmar la 022 y también para frenar la Ordenanza 027, que la derogaba”, señala.

El audio fue entregado por una persona cuya identidad es protegida, debido a los riesgos existentes. “La protección de la fuente es un derecho constitucional. Yo mismo he recibido amenazas. Hay precedentes y suficientes indicios: documentos, beneficiarios, patrones de comportamiento y lo que yo llamo ‘titiriteros’ que mueven los hilos. Esto ha sido dicho directamente a la alcaldesa: están matando el alma de nuestra selva”, recuerda Rojas.

Próximas acciones legales

Ecoguerrero anuncia una ampliación de la demanda, incorporando nuevos elementos. “Aquí no solo hay una afectación ambiental; se configuran presuntos delitos como asociación ilícita, entre otros que estamos evaluando”, explica. Además, exige públicamente a los regidores que presenten una solicitud de suspensión de la alcaldesa en un plazo de 10 a 20 días, así como la conformación de una Comisión de Fiscalización e Investigación para revisar la documentación que reposa en el municipio.

También se demanda una actuación firme del Ministerio Público, en particular del fiscal Santos Gomero, recordando que ya existiría una denuncia por banda criminal, susceptible de ser ampliada y acumulada. “Luego de la suspensión, debe articularse una vacancia, bien sustentada, para sentar un precedente. La Amazonía no puede seguir siendo botín de mafias”, enfatiza.

Rojas vincula este escenario con el arrastre electoral y la inversión en política. “Fui testigo de cómo se ofrecía inversión para candidaturas. Esa es la consecuencia: gobiernos regionales y locales nefastos, salvo honrosas excepciones” advierte.

Finalmente, deja un mensaje a la ciudadanía y a los electores: “Existe un marasmo, la idea de que nada va a cambiar. Estos hechos deben servir para despertar y actuar. Llamo a los candidatos regionales, provinciales y al Congreso a fijar posición”. Advierte.

En un contexto electoral decisivo, el mensaje es contundente: el audio fue entregado por una fuente protegida, el caso está en investigación y el futuro de Tarapoto y la región depende de elegir autoridades capaces y con moral.

Reacciones de regidores sobre los “audios de la vergüenza”

Cuando el poder se ejerce a espaldas de la ciudad. Cuando las decisiones se negocian en privado y no se explican con transparencia, la democracia local se vacía. Los audios no solo comprometen a personas, comprometen la credibilidad de toda una gestión.

La difusión de los denominados “audios de la vergüenza” ha desatado una profunda crisis política e institucional en la municipalidad, generando indignación ciudadana y severos cuestionamientos al manejo del poder desde la máxima autoridad edil. Lo ocurrido ya no es solo un tema administrativo: es un problema de confianza pública, de ética política y de respeto a la legalidad.

La alcaldesa encargada, Blanca Isabel Gómez Cueva, reconoció que la situación preocupa seriamente al Consejo Municipal y a la población. Recordó que en la sesión de Consejo del 15 de enero se expuso con claridad la ruta administrativa del expediente, desde julio hasta el 8 de enero, fecha en la que se aprobó la ordenanza hoy cuestionada, proceso que – subrayó – está debidamente documentado y registrado en los audios oficiales de la sesión.

Gómez Cueva confirmó que ha sido designada nuevamente como alcaldesa encargada mediante la Resolución de Alcaldía N.° 0011, con fecha 20 de enero de 2026, precisando que la encargatura es exclusivamente por un día y limitada a funciones políticas, no ejecutivas. No obstante, calificó como llamativo y preocupante que esta licencia se haya otorgado de manera intempestiva, justo cuando se conocían nuevos audios y cuando el fiscal Santos Gomero habría solicitado una pena privativa de libertad de ocho años en una investigación en curso.

Desde el Concejo, el regidor Gilber Escudero fue más directo. Señaló que, sin prejuzgar, lo revelado en los audios deja al descubierto un presunto entramado de poder, en el que la alcaldesa aparece dialogando con un empresario, supuestamente negociando o direccionando decisiones vinculadas al caso Ricuricocha. Para el regidor, el contenido de las grabaciones permite inferir que ciertas acciones municipales no habrían sido espontáneas ni técnicas, sino previamente coordinadas.

Escudero advirtió que, de confirmarse la autenticidad de los audios, se estaría frente a un escenario grave de captura de decisiones públicas por intereses privados, una práctica que socava los principios básicos de la gestión municipal. Por ello, exigió que el Poder Judicial, la Fiscalía y la Contraloría General de la República actúen con celeridad, independencia y firmeza para esclarecer los hechos y sancionar responsabilidades.

Denunció que este proceso fue dilatado de manera injustificada, lo que alimentó la percepción ciudadana de maniobras para ganar tiempo y evitar responsabilidades políticas.

Ante esta situación, la Comisión de Justicia y Legal impulsó la Ordenanza N.° 027, aprobada para corregir el curso de los hechos. Aunque fue votada el 1 de diciembre, recién pudo ser firmada y publicada el 8 de enero, evidenciando —según los regidores— las trabas internas que persisten en la administración municipal.

Sobre la elaboración de la norma, Escudero aclaró que el texto fue revisado por la comisión, con apoyo de asesorías externas, informes técnicos y un informe legal que recomendaba acatar las observaciones de la Contraloría General de la República. Rechazó las versiones que señalan la inexistencia de sustento técnico o legal, afirmando que toda obra en el expediente.

Hoy la ciudadanía no exige discursos ni excusas: exige verdad, sanción y un gobierno municipal que recuerde que el poder es un mandato temporal, no un negocio privado.

Ayer por tarde

Denuncian penalmente a alcaldesa de San Martín y a representante de Ciudapolis S.A.C. por presunto aprovechamiento indebido del cargo

Una denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de San Martín – Tarapoto contra Lluni Perea Pinedo, alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín – Tarapoto, por el presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo.

La acción legal fue interpuesta por la organización Ecoguerreros del Perú y el Mundo, representada por José Iván Rojas García, e incluye también como denunciado a Jorge Luis Loza Díaz, representante legal de la empresa Franquicia Ciudadpolis S.A.C. El Estado figura como agraviado.

Según el documento, la denuncia solicita que el Ministerio Público investigue posibles irregularidades cometidas en el ejercicio de la función pública. El escrito fue recibido oficialmente el 21 de enero, iniciándose el trámite fiscal correspondiente.