La región San Martín se encuentra hoy en el centro de un silencioso pero profundo conflicto político y ambiental. Mientras el país ingresa a un nuevo proceso electoral, el avance de las concesiones mineras metálicas sobre territorios ambientalmente sensibles expone una grave contradicción entre el discurso oficial de protección de la Amazonía y las decisiones administrativas del propio Estado peruano.

Un análisis de información oficial del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), realizado por OjoPúblico, revela que más del 50% de las concesiones mineras vigentes y en trámite en San Martín y Amazonas se superponen con áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, ecosistemas frágiles y otros territorios restringidos por ley. De un total de 612 concesiones, 310 se ubican total o parcialmente en estos espacios, lo que representa una seria amenaza para los bosques, las fuentes de agua y las comunidades que dependen directamente de ellos.

Dentro de este escenario, San Martín destaca de manera preocupante. Hasta el 14 de enero de 2026, la región registra 162 concesiones metálicas vigentes que abarcan 94.529 hectáreas, además de decenas de solicitudes en trámite. El cruce geoespacial evidencia que 202 concesiones —vigentes y solicitadas— se superponen con áreas ambientalmente sensibles, siendo la región amazónica con mayor número de territorios comprometidos por la minería formal.

Para el geógrafo Mauricio Pinzás, de la organización CooperAcción, el problema va más allá de la actividad extractiva en sí. “Otorgar concesiones mineras sobre territorios con algún tipo de protección ya constituye una vulneración administrativa y política”, advierte, al señalar que estas decisiones siembran conflictos futuros y debilitan los esfuerzos de conservación impulsados desde otros sectores del Estado.

La dimensión política del problema se profundiza al observar la concentración de derechos mineros. En San Martín, solo una empresa, Hannan Metals Perú S.A.C., controla el 50,8% de la superficie concesionada para minerales metálicos. Le siguen Sociedad Minera Vicus Exploraciones S.A.C. y la Compañía Minera Poderosa S.A.. Este escenario plantea serias preguntas sobre quiénes deciden el destino del territorio amazónico y bajo qué criterios se prioriza la entrega de concesiones.

Desde una mirada ciudadana, el impacto no es abstracto. Las zonas de amortiguamiento y los ecosistemas frágiles cumplen un rol clave en la regulación del clima, la protección de cuencas hídricas y la seguridad alimentaria regional. La intervención de estos espacios pone en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la vida cotidiana de poblaciones rurales, agricultores y comunidades que dependen del bosque para subsistir.

A ello se suma el crecimiento de las solicitudes mineras en trámite, muchas impulsadas por personas naturales, algunas incluso inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo duramente cuestionado por su limitada efectividad y sus vínculos con la minería ilegal. La reciente quinta ampliación del Reinfo, aprobada el 26 de diciembre de 2025, ha reavivado el debate político sobre la permisividad del Estado frente a actividades extractivas que avanzan sin control suficiente.

Para el especialista Raúl Pacsi, de Conservación Amazónica – ACCA, la situación se agrava por la debilidad de la fiscalización pública. “El incremento de concesiones supera la capacidad real del Estado para supervisar”, señala, recordando que muchas de estas zonas son de difícil acceso y que las entidades responsables operan con presupuestos limitados.

En San Martín, el mensaje es claro: mientras el Estado autoriza concesiones en territorios sensibles, la carga ambiental y social recae sobre la población. En un momento clave para el país, el avance de la minería sobre la Amazonía plantea una pregunta ineludible para la clase política y la ciudadanía: ¿quién defiende realmente el territorio y el futuro de la región?