Extracción de material agregado en los ríos de la región

En Tocache, el caso de Shunte se convierte en un tema especial que preocupa por el avance de la minería ilegal y la débil articulación institucional. En la región existen 61 canteras autorizadas, vinculadas exclusivamente a obras públicas

La problemática de la extracción de materiales en las cuencas de los ríos del Alto Mayo, especialmente en los ríos Huallaga, Mayo, Romero y Tonchima, ha puesto nuevamente en debate las competencias y responsabilidades de las autoridades. Al respecto, el ingeniero Óscar Fernández, director de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), precisó que es necesario aclarar lo que establece el marco normativo vigente.

De acuerdo con la normativa, el Gobierno Regional, a través de la DREM, no tiene competencia para autorizar ni fiscalizar el aprovechamiento de materiales en los cauces o álveos de los ríos. Esta función recae de manera exclusiva en las municipalidades, tal como lo establece la Ley N.° 28221, que regula el derecho por extracción de materiales de los cauces de los ríos. En ese sentido, quien autoriza es también quien debe fiscalizar, y en este caso son los gobiernos locales los responsables directos.

No obstante, para que una municipalidad pueda otorgar una autorización, esta debe contar obligatoriamente con la opinión previa de la Autoridad del Agua, ya sea a nivel local o nacional. Sin este requisito, cualquier autorización carecería de sustento legal.

Consultado sobre las denuncias de pobladores de la naciente del río Negro, en Rioja, donde a fines del año pasado se habría constatado extracción de material con maquinaria pesada, el ingeniero Fernández señaló que asumió el cargo hace pocos días y que, hasta el momento, no ha recibido información específica sobre ese caso. Sin embargo, aseguró que, de existir alguna comunicación formal o solicitud de intervención, se pondrá al tanto para evaluar la situación, reiterando que, la autorización y fiscalización de estas actividades corresponde a las municipalidades.

El director regional reconoció que en la región existe una seria preocupación por las intervenciones en cabeceras de cuenca, debido a la alta demanda de material agregado para la construcción. En ese contexto, informó que a nivel regional existen 61 canteras autorizadas, todas vinculadas exclusivamente a obras públicas. Estas canteras siguen un procedimiento que incluye la calificación de obra pública ante el MTC, la inscripción en el Catastro Minero y el registro ante el INGEMMET, quedando habilitadas solo para la obra específica para la cual fueron autorizadas.

Sin embargo, el problema mayor se presenta en las intervenciones no vinculadas a obras públicas, donde se detecta extracción sin autorización. En estos casos, la DREM, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, viene realizando fiscalizaciones constantes. Solo en la última semana se realizaron intervenciones en Tocache y Bellavista, donde se detectaron actividades de extracción de minerales no metálicos sin los permisos correspondientes.

Respecto a la necesidad de fortalecer la articulación institucional, Fernández consideró clave mejorar los niveles de coordinación entre la DREM, la Autoridad Regional Ambiental (ARA), la ANA y las municipalidades, incluso mediante la emisión de documentos claros que expliquen el procedimiento correcto para autorizar la extracción de materiales. Reconoció que mientras algunas municipalidades cumplen con la normativa, otras no aplican adecuadamente los procedimientos establecidos.

En relación con la minería ilegal, el director regional abordó el caso de Tocache, particularmente el distrito de Shunte, señalando que se trata de un tema delicado y preocupante. Explicó que en la región existen 513 derechos mineros, de los cuales más del 60 % han sido otorgados por el INGEMMET. Sin embargo, precisó que el derecho minero no autoriza por sí solo la actividad extractiva, ya que se deben cumplir otros procesos y autorizaciones.

Actualmente, en San Martín existen 93 concesiones mineras autorizadas, todas de tipo no metálico, y no hay ninguna concesión metálica autorizada en la región. Pese a ello, la cercanía con regiones como La Libertad, donde Pataz se encuentra en estado de emergencia por violencia vinculada a la minería ilegal, genera un riesgo de expansión de estas actividades hacia zonas limítrofes como Shunte. Ante ello, se han realizado fiscalizaciones en los meses de octubre y noviembre, y se prevé continuar con estas acciones.

Finalmente, el ingeniero Óscar Fernández señaló que se viene diseñando una estrategia de articulación con el INGEMMET y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para que los instrumentos de gestión ambiental regional, como la Zonificación Ecológica y Económica y las Áreas de Conservación Regional, sean considerados de manera vinculante en el otorgamiento de derechos mineros. Incluso, se evalúa la posibilidad de ampliar el Área de Conservación Regional Bosques de Boshumi como una medida preventiva frente al avance de la minería ilegal.

En ese marco, reiteró que, si bien el porcentaje del territorio regional bajo derechos mineros es de apenas 3.5 % – menos del 5 % de los 52 mil kilómetros cuadrados de extensión regional -, la prioridad debe ser fortalecer la coordinación interinstitucional y exigir que las municipalidades asuman plenamente su responsabilidad en el uso y control de las canteras, en defensa del ambiente y de las cuencas hidrográficas de San Martín.