Entre el discurso de “mano dura” y las decisiones que debilitan la lucha contra el delito, el reto está en pasar de las promesas a una coordinación real y efectiva del Estado frente al crimen organizado.

En plena carrera electoral, las propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana han quedado expuestas a una fuerte contradicción política. George Forsyth, candidato presidencial de Somos Perú, propone derogar las denominadas leyes procrimen, pese a que su propia organización política apoyó la aprobación de varias de estas normas en el Congreso de la República, que hoy son señaladas por facilitar la impunidad y debilitar la persecución penal.

A diferencia de Forsyth, otros postulantes presidenciales plantean la derogación de estas normas de manera general. Jorge Nieto (Partido por el Buen Gobierno) propone la creación de una comisión especial que revise las leyes cuestionadas en un plazo de 30 días, mientras que Rafael Belaúnde (Libertad Popular) ofrece eliminar las normas que “favorecen la impunidad”, aprobadas “desde 2017”.

En tanto, Alfonso López Chau (Ahora Nación), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) apenas dedican algunos párrafos a este tema en sus planes de gobierno, sin precisar qué normas serían derogadas ni cómo se implementaría una reforma integral. Por su parte, Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional) solo plantean una “reforma” de las leyes vinculadas a la lucha contra la delincuencia, sin mayores detalles.

Silencio y respaldo a normas cuestionadas

Una investigación del portal  ojopúblico reveló que 24 candidatos presidenciales no presentan ninguna propuesta concreta para revertir las leyes que facilitan la criminalidad, pese a la grave ola de inseguridad y a las alertas del Ministerio Público y del Poder Judicial. Seis de ellos lideran partidos con representación parlamentaria: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Vladimir Cerrón (Perú Libre), César Acuña Peralta (Alianza para el Progreso), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), José Williams Zapata (Avanza País) y José Luna Gálvez (Podemos Perú).

Los congresistas Williams Zapata y Luna Gálvez votaron a favor de la ley que debilita la colaboración eficaz, mientras que este último también respaldó la norma sobre extinción de dominio, promulgada por insistencia. Estas decisiones contaron además con el apoyo de parlamentarios de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, así como de cinco congresistas de Renovación Popular.

Para César Cárdenas Lizarbe, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la clase política ha utilizado las demoras propias de los procesos judiciales como pretexto para debilitar herramientas clave contra el crimen organizado. “Aprobar esta ley es hacerle el juego al crimen organizado”, advirtió.

Mano dura, impunidad y cuestionamientos al sistema judicial

Aunque no proponen derogar las leyes procrimen, César Acuña Peralta y José Williams Zapata cuestionan la independencia del Poder Judicial y la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El plan de gobierno de Acuña plantea reformular el control difuso, facultad de los jueces para inaplicar leyes inconstitucionales, y defiende normas que han sido rechazadas por magistrados, como la Ley N.º 32107, sobre prescripción de delitos de lesa humanidad, y la Ley N.º 32419, que otorga amnistía a policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos.

El propio partido de Acuña apoyó estas normas en el Congreso. Según OjoPúblico, más de 100 imputados intentaron acogerse a dichas leyes para lograr impunidad, sin éxito hasta ahora. Además, el plan del candidato respalda la norma que otorga a la Policía Nacional el liderazgo de las investigaciones preliminares, cuestionada por el Ministerio Público y defendida por el exministro del Interior Juan José Santiváñez, hoy candidato al Senado por Alianza para el Progreso.

Por su parte, Williams Zapata plantea restituir la pena de muerte y retirar al Perú de la jurisdicción de la Corte IDH, una propuesta similar a la de Paul Jaimes (Progresemos). Incluso Charlie Carrasco, pese a prometer derogar las leyes procrimen, propone un referéndum para denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

El reto: coherencia y coordinación real contra el delito

El especialista en seguridad ciudadana Frank Casas Sulca advierte que el aumento de penas no reduce la criminalidad. “Ofrecen discursos duros, pero terminan siendo cómplices de la impunidad cuando aprueban leyes”, señaló, recordando que la pena de muerte no ha sido solución en ningún país.

En la misma línea, Cárdenas Lizarbe alertó que, si el Congreso no revisa estas normas, el próximo gobierno enfrentará serias limitaciones para combatir la delincuencia. “Habrá más economías ilegales, más riqueza para el crimen organizado y más muertes”, enfatizó.

La eventual derogación o modificación de estas leyes dependerá de la composición del nuevo Parlamento. Desde julio de 2026, el Congreso será bicameral, con 130 diputados y 60 senadores, lo que abre un escenario clave para definir si el país avanza hacia una política coherente, con mejor coordinación en todos los niveles del Estado, o si persiste la brecha entre el discurso electoral y las decisiones que hoy favorecen al crimen organizado.