Cuando la ley es clara, la política debe estar a la altura. San Martín necesita unidad, coordinación y trabajo conjunto, no confrontaciones que debiliten a sus pueblos.

El trabajo técnico desarrollado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, para consolidar los límites interdistritales en la provincia de Rioja, constituye un paso necesario para devolver certeza jurídica y orden territorial a una zona históricamente marcada por la incertidumbre y la tensión entre comunidades.

La controversia entre los distritos de Nueva Cajamarca y Elías Soplín Vargas – Segunda Jerusalén encuentra sustento legal en la Ley N.° 24040, norma vigente que creó la provincia de Rioja y definió sus límites distritales.

Sin embargo, más allá del sustento técnico y legal, el proceso pone en evidencia una responsabilidad política ineludible: evitar que la demarcación territorial sea utilizada como herramienta de confrontación. En un contexto regional donde las brechas sociales, económicas y de servicios básicos siguen siendo una deuda pendiente, no hay tiempo para divisiones ni disputas estériles que solo fragmentan a los pueblos y debilitan la gobernabilidad.

En ese sentido, la PCM, en coordinación con el Gobierno Regional de San Martín, socializó los resultados del trabajo técnico durante una reunión técnico-informativa realizada el 21 de enero en Moyobamba, convocada por la Autoridad Regional Ambiental, a través de la Dirección de Gestión Territorial. En este espacio, se formalizó la anotación de oficio en el Registro Nacional de Límites (RENLIM) de las memorias descriptivas contenidas en la Ley N.° 24040, precisando el límite interdistrital entre Nueva Cajamarca y Elías Soplín Vargas, como corresponde en un Estado de derecho.

Desde una mirada ciudadana, el llamado es claro: las instituciones deben coordinar, no competir, y los liderazgos locales y regionales están obligados a priorizar la convivencia pacífica, el diálogo y el desarrollo compartido. La defensa del territorio no puede desligarse de la defensa del bienestar de la población, ni convertirse en excusa para profundizar desconfianzas o polarizaciones innecesarias.

El Gobierno Regional de San Martín ha reafirmado su compromiso de respetar la Constitución y las leyes, salvaguardando la integridad territorial del departamento; sin embargo, el reto va más allá del cumplimiento formal. Fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional, Regional y los gobiernos locales es hoy una urgencia política y social. 

San Martín necesita unidad, trabajo conjunto y visión de futuro, porque el desarrollo no se construye desde la fragmentación, sino desde la cohesión de sus pueblos.