El Ministerio Público informó que el caso por el asesinato de Luis Felipe Morey Riva ha concluido en la Fiscalía Penal, al determinarse que los hechos investigados corresponden a una presunta organización criminal, por lo que la competencia pasa ahora a la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

El fiscal Wilber José Santos Gomero detalló que se formalizó la investigación preparatoria contra seis personas presuntamente involucradas en el crimen, entre ellas los señalados como autores materiales del homicidio. En ese grupo figura Carlos Enrique Vázquez García, sindicado de ser quien disparó contra la víctima, el mismo que reconoció ante la Fiscalía, en una diligencia virtual vía Zoom, haber realizado los disparos, aunque brindó una versión que forma parte de su estrategia de defensa.

Asimismo, Carlos Andrés Villavicencio Minatanta habría cumplido el rol de conductor del vehículo utilizado para perpetrar el asesinato. Actualmente, Villavicencio Minatanta se encuentra recluido en el penal El Milagro, en la ciudad de Trujillo, mientras continúan las diligencias en su contra.

La investigación también alcanza a dos presuntos intermediarios, Jhon Rainer Muñoz y Romel Araujo Mozo, quienes habrían facilitado el financiamiento del crimen. A ellos se suman Diagnith Tuanama Tuanama y Miguel Vargas Pérez, acusados de haber brindado alojamiento a los ejecutores del asesinato.

Pese a los avances alcanzados por la fiscalía penal, el Ministerio Público precisó que aún no se ha logrado identificar al autor intelectual del homicidio, es decir, a la persona que habría ordenado o contratado la ejecución del crimen. Ante los indicios de la existencia de una estructura criminal, el caso fue derivado a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Tarapoto, que asumirá la investigación.

En el marco de las diligencias, durante allanamientos realizados en una vivienda del distrito de Morales, sector Shupichiña, se incautaron teléfonos móviles que actualmente son sometidos a peritajes digitales en Lima. El fiscal Santos Gomero advirtió que la región San Martín no cuenta con un laboratorio especializado, lo que obliga a trasladar las evidencias a la capital y genera retrasos en las investigaciones. Por: Hugo Anteparra