Casi el 60 % de los hombres peruanos de 18 años a más considera justificable la violación sexual contra las mujeres, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En algunas regiones del país, esta cifra alcanza niveles alarmantes que bordea el 80 %.
El estudio revela que, a nivel nacional, el 56,5 % de los encuestados manifestó estar de acuerdo con al menos una afirmación que responsabiliza a la mujer por haber sido víctima de violación, como haber consumido alcohol, no haberse resistido o no haberse comportado “adecuadamente”. Estas respuestas reflejan patrones culturales profundamente arraigados que normalizan la violencia sexual y desplazan la responsabilidad del agresor hacia la víctima.
Por regiones, Junín encabeza la lista con un 80,3 %, seguido por Ayacucho (78,9 %), Loreto (77,1 %) y Huancavelica (70,5 %). Otras regiones como Ucayali, Pasco, Amazonas y San Martín también superan ampliamente el promedio nacional. En contraste, La Libertad (36,2 %), Piura (43,2 %) y Madre de Dios (43,1 %) registran los porcentajes más bajos, aunque igualmente preocupantes.
Especialistas advierten que estos resultados evidencian el debilitamiento de las políticas de igualdad de género y prevención de la violencia, en un contexto donde persisten discursos conservadores que minimizan la violencia sexual y refuerzan estereotipos de género. Esta situación se traduce, además, en una constante revictimización de las mujeres, tanto en el ámbito social como institucional.
El informe del INEI coincide con la forma en que figuras públicas y líderes de opinión abordan casos de violencia sexual, priorizando cuestionamientos a la conducta de las víctimas antes que la presunta responsabilidad de los agresores, como se ha observado recientemente en casos de alto impacto mediático vinculados a deportistas peruanos en el extranjero.
Organismos especializados y colectivos de derechos humanos alertan que la normalización de estos discursos no solo perpetúa la impunidad, sino que también desincentiva la denuncia, profundizando la brecha entre las cifras oficiales y la magnitud real de la violencia sexual en el país.
