Mientras más basura se genera, más recursos municipales se entierran.

El servicio de residuos sólidos se sostiene con recursos de todos, mientras la recaudación por limpieza pública resulta insuficiente y amenaza con desfinanciar otras prioridades municipales.

La Gestión Integral de Residuos Sólidos en las municipalidades provinciales del departamento de San Martín, durante el Año Fiscal 2025, revela una realidad preocupante: todas las comunas subsidian el servicio en porcentajes elevados, evidenciando una profunda brecha entre el costo real del servicio, lo que se factura y lo que efectivamente se recauda, según información de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sistematizada por el Diario VOCES.

En términos absolutos, la Municipalidad Provincial de San Martín registra el mayor nivel de gasto, con una ejecución presupuestal de S/6,803,549, frente a una recaudación anual de S/4,219,424, lo que obliga a un subsidio de S/2,584,125, equivalente al 37.98% del gasto ejecutado, siendo la provincia que menos subsidia porcentualmente el servicio, aunque con el monto subsidiado más alto en cifras nominales.

En el extremo opuesto se ubica la Municipalidad Provincial de El Dorado, que ejecutó S/381,820, pero apenas recaudó S 25,359, debiendo cubrir S/356,461 con recursos municipales, lo que representa un subsidio del 93.36%, el más alto de toda la región, reflejando una dependencia casi total de fuentes como FONCOMUN, recursos ordinarios e impuestos municipales para sostener el servicio.

La Municipalidad Provincial de Moyobamba ejecutó S/5,802,343, con una recaudación de apenas S/461,122, generando un subsidio de S/5,341,221, es decir, alrededor del 92% del gasto, una de las tasas más críticas del departamento, pese a ser una de las provincias con mayor capacidad administrativa y recaudatoria.

Situaciones similares se observan en Lamas, donde se ejecutaron S/530,683, se recaudaron S/236,399 y se subsidiaron S/294,284 (55.45%); en Huallaga, con un subsidio de S/193,988 sobre una ejecución de S/281,693 (68.8%); y en Bellavista, que cubrió S/486,922 de un gasto de S/653,102, equivalente a un 74.6% de subsidio.

En provincias intermedias, Mariscal Cáceres ejecutó S/1,060,325, recaudó S/373,957 y subsidió S/686,368, alcanzando un 64.7%; Rioja, con una ejecución de S/1,140,802, recaudación de S/96,716 y subsidio de S/ 1,044,086, bordea un 91.5%; mientras que Tocache ejecutó S/1,637,793, recaudó S/118,304 y subsidió S/1,519,489, lo que equivale a un 92.8% del gasto.

Por su parte, Picota ejecutó S/396,519, recaudó S/46,984 y subsidiò S/349,535, alcanzando un 88.2%, consolidando un patrón regional donde el servicio de limpieza pública no se autofinancia y depende estructuralmente de otras fuentes presupuestales.

Este escenario confirma que las actividades comprendidas en la Gestión Integral de Residuos Sólidos —educación ambiental, barrido de calles, recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición final— carecen de una estructura tarifaria realista, generando un desbalance financiero que termina comprometiendo recursos destinados a otras categorías presupuestales prioritarias.

Podemos definir que el modelo actual no es sostenible: mientras la basura se acumula, también lo hace el costo oculto que pagan los municipios y, en última instancia, los ciudadanos, en un sistema que urge ser revisado con criterios técnicos, sociales y de responsabilidad fiscal.

Moyobamba lidera ampliamente el ranking con S/5.34 millones, el subsidio más alto en términos absolutos.

Le sigue San Martín con S/2.58 millones, pese a ser la que mejor recauda.

Tocache (S/1.51 millones) y Rioja (S/1.04 millones) consolidan el bloque de provincias con fuerte presión presupuestal.

En el extremo inferior aparecen Huallaga (S/193,988) y Lamas (S/294,284), con subsidios menores en monto, pero no necesariamente sostenibles.

El Dorado encabeza el ranking negativo con 93.36% de subsidio.

Tocache (92.8%), Moyobamba (92.1%) y Rioja (91.5%) muestran un patrón crítico: el servicio es casi totalmente financiado por recursos municipales.

San Martín, con 37.98%, aparece como la menos dependiente, aunque sigue subsidiando más de un tercio del costo total.

Lectura ciudadana: pagar arbitrios no significa cubrir el servicio; la mayor parte se paga con recursos de todos.

Las provincias con mayor población y cobertura urbana concentran el mayor impacto financiero del servicio.

Subsidar la basura significa que lo que pagan los vecinos por el servicio de limpieza pública no alcanza para cubrir su costo real, por lo que las municipalidades deben completar la diferencia usando recursos públicos que originalmente estaban destinados a otras prioridades, como seguridad ciudadana, mantenimiento urbano, programas sociales u obras locales.

En la práctica, el servicio de Gestión Integral de Residuos Sólidos —que incluye educación ambiental, barrido de calles, recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición final— cuesta mucho más de lo que se recauda mediante arbitrios y tasas municipales. Esa brecha se cubre con fondos como FONCOMUN, recursos ordinarios, impuestos municipales y canon, generando un subsidio permanente.

Cuando el subsidio supera el 70%, 80% o incluso el 90%, como ocurre en varias provincias de San Martín, el servicio deja de ser sostenible: no se autofinancia, no incentiva la mejora en la recaudación ni en la calidad del servicio y termina desfinanciando otras categorías presupuestales.

En términos simples, todos pagan la basura, incluso quienes no acceden al servicio en igualdad de condiciones. Y mientras no se revisen las tarifas, la eficiencia del gasto y los mecanismos de cobranza, el problema seguirá creciendo, enterrando recursos públicos junto con los residuos.