Cuando la justicia resiste y el control incomoda
Entre discursos de firmeza institucional y procesos administrativos oportunamente activados, la independencia judicial vuelve a quedar bajo sospecha. ¿Quién fiscaliza a quién y con qué criterios?
Las recientes declaraciones de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, no pueden leerse como un simple mensaje protocolar. Pronunciadas apenas un día después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le otorgara un plazo para responder por una presunta omisión en su declaración jurada, sus palabras adquieren una clara carga política e institucional. No partidaria, pero sí profundamente política en el sentido republicano: la defensa del equilibrio de poderes.
Desde la tribuna de la Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de las Cortes Superiores, Tello Gilardi fue enfática al señalar que los jueces no se rinden ante amenazas, imputaciones infundadas ni agresiones. Un mensaje que, más allá de lo simbólico, interpela directamente a los organismos de control y al clima de confrontación que rodea hoy a la administración de justicia en el país.
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante un legítimo proceso de fiscalización o frente a mecanismos de presión que terminan debilitando la autonomía judicial? La JNJ, llamada constitucionalmente a garantizar la idoneidad y probidad de jueces y fiscales, debe actuar con estricto apego al debido proceso, transparencia y proporcionalidad, evitando que sus decisiones sean percibidas como selectivas o funcionales a intereses coyunturales.
El discurso presidencial del Poder Judicial expuso una realidad incómoda: la justicia peruana opera en un entorno de restricciones presupuestarias, creciente inseguridad ciudadana y altas expectativas sociales, mientras sus autoridades enfrentan cuestionamientos que, cuando no están sólidamente fundamentados, erosionan la confianza pública y distraen recursos institucionales clave. ¿Puede un sistema judicial concentrarse en garantizar acceso a la justicia si sus máximas autoridades son permanentemente colocadas en la defensiva?
Más aún, ¿quién evalúa el impacto institucional de abrir procesos administrativos en momentos políticamente sensibles? La independencia judicial no se defiende solo con discursos; se sostiene también con controles responsables, que no confundan fiscalización con hostigamiento ni corrección con escarmiento público.
Resulta pertinente preguntar: ¿la JNJ aplica los mismos estándares de diligencia y oportunidad en todos los casos similares? ¿Existe un criterio uniforme o se actúa bajo presión mediática o política? Y en un plano más amplio, ¿qué rol cumple el Congreso de la República frente a esta creciente fricción entre poderes? ¿Observa, fiscaliza o simplemente guarda silencio cuando el sistema de pesos y contrapesos se tensiona peligrosamente?
En un país marcado por la desconfianza institucional, la ciudadanía exige jueces probos, pero también instituciones de control que no crucen la línea de la interferencia. Como bien señaló Tello Gilardi, la independencia judicial no es una consigna vacía, sino una responsabilidad democrática. La verdadera prueba no está solo en la fortaleza del Poder Judicial, sino en la madurez del sistema constitucional en su conjunto.
Porque cuando el control se vuelve presión y la fiscalización pierde legitimidad, no se debilita una persona ni un cargo: se resiente el Estado de derecho.
