La reciente actuación del presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, ha encendido una nueva alarma institucional en el país. Tras la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de no aplicar la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad en el caso de la masacre de Cayara, el titular del Parlamento lanzó una grave amenaza contra el Poder Judicial, afirmando que no basta con reformarlo, sino que es necesario “barrerlo”.
El pronunciamiento se produjo luego de que los magistrados resolvieran no aplicar la norma aprobada por el Congreso que pretende declarar prescritos los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002, decisión que, en la práctica, abriría la puerta a la impunidad de cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos. La reacción de Rospigliosi, lejos de respetar la autonomía judicial, evidenció una postura de abierta confrontación con el sistema de justicia.
El legislador de Fuerza Popular fue más allá al ingresar como parte del público a la audiencia virtual en la que se deliberaba el caso, un hecho que ha sido interpretado como una presión directa e indebida sobre los jueces. La presencia del presidente del Congreso en una audiencia judicial activa, mientras se evaluaba la aplicación de una ley impulsada por el propio Parlamento, pone en entredicho el respeto a la separación de poderes, uno de los pilares del Estado de derecho.
Si bien el tribunal declaró infundados los recursos presentados por oficiales del Ejército Peruano procesados por la masacre de más de 30 comuneros de Cayara (Ayacucho), ocurrida el 14 de mayo de 1988, los jueces sí recogieron el criterio del Tribunal Constitucional, que admite la prescripción de los delitos de lesa humanidad para hechos anteriores a 2002. No obstante, precisaron que, en el caso específico de Cayara, al incluir el delito de desaparición forzada, los plazos de prescripción deben contarse desde julio de 2002, lo que extiende su vigencia hasta el año 2032.
Las declaraciones de Rospigliosi no pasaron desapercibidas. La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, advirtió que este tipo de expresiones y comportamientos atentan gravemente contra la independencia judicial y constituyen una amenaza directa al equilibrio democrático. “Cuando un poder del Estado pretende someter a otro mediante intimidaciones públicas, se erosiona la base misma del sistema democrático”, sostuvo.
Lo ocurrido revela con nitidez el verdadero rostro de la politiquería: una lógica de imposición, soberbia y desprecio por las instituciones, en la que la búsqueda de impunidad se disfraza de reforma legal. Lejos de fortalecer la justicia, estos actos profundizan la desconfianza ciudadana y colocan al país en una peligrosa pendiente de retroceso democrático, donde la ley se acomoda al poder y no a los derechos ni a la memoria de las víctimas.
