¿Qué dicen los regidores, el órgano de control interno y la procuraduría de la Municipalidad?  ¿Contraloría? ¿Ministerio Público? ¿Y las mismas organizaciones sociales? 

Es tiempo de sincerar las cosas, basta mas silencios de los fiscales, judiciales y administrativos.

La Plaza de Armas de Moyobamba, principal espacio público de la capital regional, se ha convertido en el reflejo de una gestión contractual fallida, marcada por incumplimientos, penalidades máximas y una obra que no llegó a culminarse dentro del plazo ni en las condiciones pactadas. Así lo revela el INFORME N.º 001-2025-MPM/GGA, emitido por la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, documento que detalla el estado situacional del CONTRATO N.° 093-2025-MPM, suscrito para el “Servicio de Reparación y Mantenimiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Moyobamba”.

El contrato fue firmado el 14 de julio de 2025 entre la Municipalidad Provincial de Moyobamba (MPM) y el CONSORCIO VALLE REAL, representado por Mónica Vanesa Pinedo Linares, por un monto de S/ 466,653.05, bajo la modalidad de suma alzada y con un plazo de ejecución de 39 días calendario. El inicio de los trabajos se fijó para el 19 de julio de 2025, con fecha contractual de término el 26 de agosto de 2025, posteriormente reprogramada al 31 de agosto de 2025 tras una suspensión de 5 días calendario.

Sin embargo, lo que debía ser una intervención rápida y ordenada terminó en una larga secuencia de oficios, cartas, informes técnicos, pedidos improcedentes y, finalmente, la resolución del contrato.

Un rosario de observaciones e incumplimientos

La supervisión estuvo a cargo de la Arq. Cinthya Dessiré Arbaiza Rojas, designada mediante Resolución Gerencial N.° 480-2025-MPM/GM, mientras que la residencia de obra recayó en el Ing. Julio César Mendoza del Águila. Desde agosto de 2025, la inspección de obra comenzó a advertir que las valorizaciones presentadas por el contratista carecían de sustento técnico y no cumplían con la normativa de contrataciones del Estado.

La Valorización N.° 01, presentada el 26 de agosto de 2025, fue declarada improcedente. A ello se sumaron solicitudes extemporáneas de ampliación de plazo, suspensión de ejecución y hasta un intento de retomar actividades cuando el contrato ya había vencido, todas rechazadas por la inspección técnica por falta de sustento legal y técnico.

El desenlace llegó el 24 de setiembre de 2025, cuando la Gerencia de Gestión Ambiental impuso al CONSORCIO VALLE REAL la penalidad máxima del 10 % del monto contractual, equivalente a más de S/ 46,000, por incumplimiento de contrato. Días después, el 30 de setiembre de 2025, la Gerencia Municipal notificó formalmente la penalidad, y el 10 de octubre de 2025 se comunicó la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N.° 093-2025-MPM mediante Carta Notarial.

Avances parciales, obra inconclusa

El informe técnico es contundente. Si bien algunas partidas alcanzaron el 100 % de ejecución, especialmente en movimiento de tierras, concreto simple, concreto armado y drenaje pluvial, otras áreas clave quedaron a medio camino o simplemente no se ejecutaron.

Entre los avances parciales más llamativos figuran:

• Suministro e instalación de bancas estilo colonial: apenas 22 % ejecutado.
• Implementos de seguridad y señalización: 40 %.
• Pintura tipo mural con temática de naturaleza: 69 %.

Pero el listado de partidas no ejecutadas (0 %) es extenso y preocupante:
instalación de farolas tipo colonial (22 unidades), tendido de red eléctrica LED (485.60 m), pozo a tierra, tuberías PVC, tachos de basura (15 unidades), sembrado de grass y plantas ornamentales, y hasta la limpieza final de obra. La Plaza de Armas quedó, literalmente, a medias.

Penalidades aceptadas, pero responsabilidades abiertas

El CONSORCIO VALLE REAL llegó incluso a aceptar la penalidad impuesta, comprometiéndose a culminar y liquidar el servicio. Sin embargo, la inspección técnica reiteró que no existía sustento legal para continuar trabajos fuera del plazo contractual, reafirmando la improcedencia de cualquier acción posterior al vencimiento del contrato.

A ello se sumó un intento tardío del consorcio por comunicar un cambio de representante legal y domicilio, mediante una Adenda N.° 01, declarada improcedente por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la municipalidad, al haberse presentado cuando el contrato ya estaba resuelto y la constatación física de la obra había sido realizada.

¿Y ahora, quién responde?

El caso deja más preguntas que respuestas. ¿Se ejecutarán las cartas fianza por la garantía de fiel cumplimiento? ¿Intervendrá la Contraloría General de la República para determinar responsabilidades administrativas? ¿El Ministerio Público evaluará posibles responsabilidades penales? ¿El concejo municipal de Moyobamba emitirá un pronunciamiento político y público frente a una obra emblemática inconclusa?

La documentación existe, los hechos están registrados y las cifras son claras. Hoy, la Plaza de Armas de Moyobamba no solo evidencia deficiencias constructivas, sino también una preocupante fragilidad en la gestión y control de los recursos públicos. Es tiempo de sincerar las cosas. No más aprovechamiento, no más dilaciones, no más silencios complices. La ciudadanía merece explicaciones claras y decisiones firmes.

La histórica Plaza de Armas de Moyobamba no es solo un espacio urbano. Es un símbolo. Y hoy simboliza una verdad incómoda: cuando autoridades, fiscalizadores y ciudadanos son complacientes, la obra pública fracasa… y nadie quiere hacerse cargo.

No basta con mirar a los costados: alcalde Ernesto Peña, seguimos esperando su liderazgo.

Es tiempo de asumir responsabilidades y la actual gestión también, señor Peña Robalino: El liderazgo es la capacidad de traducir la visión en una realidad, usted y su equipo asuman y pongan orden, sólo falta que se intente hacer otro campeonato de fulbito en este espacio de la amazonia, les historia juzgará.