Ojalá que la sobrecarga laboral del sistema de justicia no termine dilatando un proceso clave para esclarecer responsabilidades y frenar decisiones que comprometen intereses ambientales y públicos.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal José Luis Villalta, realizó el último miércoles una serie de diligencias en la Municipalidad Provincial de San Martín, en el marco de la investigación del denominado caso Ricuricocha, un conflicto que ha encendido las alertas ciudadanas por su alto impacto ambiental y por las decisiones administrativas que habrían favorecido intereses económicos poco claros.

Durante más de siete horas ininterrumpidas, representantes del Ministerio Público, con apoyo de efectivos de la Policía Anticorrupción de Moyobamba, recopilaron documentación y verificaron información administrativa vinculada a procedimientos municipales presuntamente irregulares. La investigación apunta a esclarecer cómo se habrían adoptado decisiones relacionadas con un planeamiento específico que compromete una zona ambientalmente sensible y que, según las denuncias, habría beneficiado a una empresa inmobiliaria, en abierta contradicción con la normativa ambiental y urbana vigente.

El abogado Napoleón Salas Velásquez, asesor legal del Comité Pro Ricuricocha, sostuvo que las diligencias responden directamente a las denuncias presentadas por la organización ciudadana, la cual viene advirtiendo desde hace meses sobre un proceso acelerado y poco transparente que amenaza un espacio de alto valor ecológico. El letrado señaló que existen indicios de una aprobación irregular del planeamiento, impulsada bajo presiones externas que habrían condicionado una decisión técnica y política que hoy deja al descubierto intereses económicos para nada claros.

Desde la comuna provincial, sin embargo, el discurso oficial no ha sido coherente. Mientras el gerente municipal, Otto Chávez Olivera, aseguró que fue la propia municipalidad la que solicitó la presencia de la Fiscalía y la Policía, esta versión fue duramente cuestionada por los integrantes del Comité Pro Ricuricocha, quienes consideran poco creíble dicha afirmación y recuerdan que, en reiteradas oportunidades, la autoridad municipal – incluida la alcaldesa y sus funcionarios – ofrecieron versiones contradictorias sobre el proceso, minimizando primero el impacto ambiental y justificando luego decisiones que hoy son materia de investigación fiscal.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que estas diligencias corresponden a una etapa preliminar orientada a determinar posibles responsabilidades de funcionarios y servidores públicos. No se descarta la citación de autoridades municipales y otros implicados, a fin de establecer si se produjeron actos contrarios a la ley que hayan afectado los intereses del Estado y el derecho ciudadano a un ambiente sano.

Al culminar las diligencias, fiscales y policías anticorrupción se retiraron de la municipalidad trasladando varias cajas con documentación, las cuales serán sometidas a un análisis detallado. El fiscal José Villalta evitó brindar mayores precisiones sobre el contenido incautado, indicando que se trata de información sensible dentro de una investigación en curso.

El caso Ricuricocha no solo expone presuntas irregularidades administrativas, sino también una forma de gestión pública que, bajo presiones externas y decisiones torpes, ha terminado desnudando la fragilidad con la que se protege el ambiente frente a intereses privados. Hoy, la expectativa ciudadana es clara: que la justicia actúe con firmeza y que la carga procesal no se convierta en una excusa para postergar la verdad. Por: Hugo Anteparra