La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal José Luis Villalta, realizó ayer miércoles diversas diligencias en la Municipalidad Provincial de San Martín, como parte de la investigación vinculada al denominado caso Ricuricocha, que viene generando gran expectativa a nivel local.

Las acciones ejecutadas incluyeron la recopilación de documentación y la verificación de información administrativa relacionada con decisiones y procedimientos adoptados por la comuna provincial, los cuales estarían bajo presunta irregularidad. Estas diligencias se desarrollaron con apoyo de personal del Ministerio Público y efectivos de la Policía Anticorrupción de Moyobamba.

Al respecto, el abogado Napoleón Salas Velásquez, asesor legal del Comité Pro Ricuricocha, señaló que las diligencias responden a las denuncias presentadas por dicha organización ciudadana. Indicó que existirían indicios de que se habría aprobado de manera irregular un planeamiento específico con la finalidad de favorecer a una empresa inmobiliaria.

El letrado precisó que esperan que, a más tardar a fines del mes de abril, se conozcan los resultados de las investigaciones fiscales, las cuales permitirán determinar si se vulneró la normativa vigente y si existen responsabilidades penales que deban ser sancionadas.

Sin embargo, desde la Municipalidad Provincial de San Martín, el gerente municipal Otto Chávez Olivera manifestó una versión distinta, señalando que fue la propia comuna la que solicitó la presencia de la Fiscalía y de la Policía. Esta afirmación fue considerada poco creíble por los integrantes del Comité Pro Ricuricocha, quienes cuestionaron la postura oficial.

Según fuentes del Ministerio Público, estas diligencias forman parte de una etapa preliminar destinada a esclarecer posibles responsabilidades de funcionarios y servidores públicos. La Fiscalía Anticorrupción informó que las investigaciones continuarán en los próximos días y no se descarta la citación de autoridades municipales y otros implicados, a fin de determinar si se produjeron actos contrarios a la ley que hayan afectado los intereses del Estado.

Luego de siete horas de diligencias ininterrumpidas, fiscales y efectivos de la Policía Anticorrupción se retiraron de la Municipalidad Provincial de San Martín, llevando consigo varias cajas con documentación que será sometida a un minucioso análisis como parte de las investigaciones en curso.

El fiscal José Villalta, a cargo del caso, evitó brindar mayores detalles sobre el contenido de lo incautado, señalando que se trata de un tema que aún es materia de investigación, por lo que las indagaciones continuarán conforme a los plazos y procedimientos establecidos por ley. Por: Hugo Anteparra