En este escenario, la pregunta también es política. ¿Qué plantean los candidatos presidenciales frente al tráfico de mercurio y la minería ilegal en la Amazonía? Sobre propuestas concretas para San Martín, poco o nada se escucha.

Mientras la minería ilegal de oro avanza sobre ríos y bosques amazónicos, el insumo que la hace posible —el mercurio— se sigue ofreciendo con facilidad en redes sociales. Una investigación de OjoPúblico reveló que empresas registradas en el país comercializan este metal altamente tóxico sin contar con la autorización exigida por ley, en un contexto de preocupante silencio institucional.

El informe identifica a Minera Laytaruma S.A. y a TMC Triveño Mercury Corporation E.I.R.L. como compañías que ofertan mercurio por Facebook, pese a no estar inscritas en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados de la Sunat ni registrar importaciones recientes del producto. La venta, almacenamiento y distribución de este insumo están regulados por su grave impacto ambiental y sanitario.

El mercurio es clave en la extracción de oro aluvial: se mezcla con el metal y luego se quema, liberando vapores tóxicos y residuos que terminan en los ríos. Según la Onudi, por cada parte de oro se requieren al menos cuatro partes de mercurio. Sin embargo, entre enero y noviembre de 2025, el Perú reportó más de 99,6 toneladas finas de oro, mientras que solo Quimpac S.A. registró importaciones por poco más de 6,7 toneladas, destinadas principalmente a usos médicos o de investigación.

La pregunta es directa. Como advierte Julia Urrunaga, de la Agencia de Investigación Ambiental: si no hay ingreso formal de mercurio, la producción aluvial solo puede explicarse por el uso de insumos ilegales. Para César Ipenza, del Observatorio de Minería Ilegal, la venta sin autorización podría configurar tráfico de insumos químicos. El Código Penal sanciona estos actos con seis a nueve años de prisión y entre 100 y 600 días-multa.

Desde el Convenio Minamata (2017), el Perú asumió compromisos para reducir el uso de mercurio. Pero la realidad muestra fisuras. OjoPúblico detectó que Minera Laytaruma S.A. ofrecía mercurio marca “Torito” en frascos de un kilo y pipetas de 34,5 kilogramos, sin registrar importaciones entre 2010 y 2025. Entre 2019 y 2026, la empresa exportó más de 137 toneladas de oro, valorizadas en USD 1.176 millones. Su gerenta es María Rita García García y su gerente general José Manuel Zegarra Freund.

En el caso de TMC Triveño Mercury Corporation E.I.R.L., cuyo gerente Adolfo Triveño Torres tuvo sentencia en primera instancia en 2016 por tráfico de mercurio, la empresa figura con baja de oficio en la Sunat desde el 31 de enero de 2025. Aun así, páginas vinculadas continúan ofertando el metal por kilo y botellón. Entre 2010 y 2025, importó 118,2 toneladas, siendo el mayor importador histórico del país.

El impacto en la Amazonía es profundo. El mercurio se deposita en los ríos, se transforma en metilmercurio y entra en la cadena alimenticia. Contamina peces y afecta a comunidades indígenas y ribereñas, con daños neurológicos graves, sobre todo en niños y gestantes. En Puno, principal punto de comercio ilegal, se concentra el 68% de lo incautado entre 2015 y octubre de 2025. Las incautaciones, además, cayeron de 571 kilos en 2015 a solo 3 kilos en octubre de 2025, lo que no significa menor circulación, sino menor control.

Consultada sobre sanciones y el origen del mercurio que abastece la minería aluvial, la Sunat evitó pronunciarse. Las empresas tampoco respondieron. El silencio se suma a una cadena de omisiones que favorece a las economías ilegales.

Nuestros candidatos regionales tienen la palabra. Quienes aspiran a representar a la Amazonía deben pronunciarse sobre el control de insumos químicos, la fiscalización real y la protección de las comunidades. Callar frente a un problema que envenena ríos y personas es, en los hechos, una forma de complicidad.

La Amazonía no puede seguir pagando el precio del oro ilegal. Cada gramo de mercurio que circula sin control es una amenaza directa a su futuro.