Que la justicia actúe con firmeza, sin presiones ni privilegios, y que la verdad prevalezca por encima de cualquier interés político o económico.

Solo una investigación seria y sanciones ejemplares, si se comprueban responsabilidades, permitirán devolver la confianza ciudadana y dejar claro que nadie puede enriquecerse con el dinero que pertenece al pueblo.

La madrugada en El Eslabón, provincia de Huallaga, estuvo marcada por el ingreso de fiscales y agentes especializados a la sede municipal y al domicilio del burgomaestre, en el marco de una investigación que remueve los cimientos políticos del distrito. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de San Martín ejecutó un operativo de allanamiento y registro contra el alcalde Luis Erlito Mundaca Rufasto, quien es investigado por su presunta participación en un esquema de colusión agravada vinculado a la adjudicación de una obra vial valorizada en S/ 7 millones 497 mil 583.32.

De acuerdo con información oficial del Ministerio Público, el alcalde no actuaría solo. En la investigación también figuran tres funcionarios municipales, un contratista y miembros de su entorno familiar, quienes habrían concertado para direccionar el proceso de licitación de un proyecto de infraestructura vial en la jurisdicción. El objetivo, según la hipótesis fiscal, habría sido favorecer a un postor específico en perjuicio de la legalidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

El operativo, autorizado por el Poder Judicial, se desplegó de manera simultánea en El Eslabón y Bellavista, con apoyo de efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor). Las diligencias incluyeron el allanamiento del despacho de Alcaldía, así como de áreas estratégicas como Gerencia Municipal, Logística y Tesorería, además del domicilio del propio alcalde. Durante la intervención, el equipo liderado por el fiscal adjunto provincial José Peche Gonzáles incautó documentación administrativa, teléfonos celulares y equipos informáticos que serán sometidos a peritaje para determinar la existencia de coordinaciones irregulares.

Según las pesquisas preliminares, Luis Mundaca habría favorecido al empresario Yván Guevara, a cambio de una camioneta de alta gama y un beneficio económico que bordearía los tres millones de soles. En el presunto entramado también estarían implicados su pareja, Melisa Chonlon, y sus hermanos José Mundaca y Leibniz Mundaca, quienes habrían participado en la ejecución y eventual encubrimiento de los hechos investigados.

Como parte de las medidas dispuestas, el Ministerio Público solicitó y obtuvo el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados, con el propósito de analizar registros telefónicos y digitales que permitan confirmar si existieron coordinaciones previas orientadas a manipular el proceso de contratación pública. La investigación busca esclarecer si se configuró una concertación ilícita destinada a asegurar la buena pro al consorcio favorecido.

Este nuevo episodio judicial se suma a cuestionamientos previos contra el alcalde. Meses atrás, su expareja Thalía Mendoza presentó una denuncia pública en la que lo señalaba por presuntas amenazas y posibles irregularidades en la gestión municipal, situación que ya había generado inquietud entre los pobladores.

Tras el operativo, vecinos y organizaciones sociales del distrito expresaron su preocupación y exigieron una investigación rápida, objetiva y sin interferencias. Consideran que el caso compromete no solo una millonaria inversión pública destinada a mejorar la infraestructura vial, sino también la credibilidad de la autoridad edil y la confianza en la gestión municipal.

Hoy, el proceso recién comienza. Corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial determinar responsabilidades con estricto apego a la ley. Si se confirman los hechos, las sanciones deberán ser ejemplares. Porque cuando se juega con más de S/ 7.4 millones de recursos públicos, no solo se traiciona un presupuesto: se traiciona la esperanza de un pueblo. Y que este caso sirva de advertencia clara para quienes pretendan enriquecerse a costa del dinero del Estado: la justicia puede tardar, pero debe llegar y sancionar a quienes resulten responsables.