Por Segundo Chuquipiondo

En la Amazonía peruana, donde durante décadas la conservación del bosque fue vista como un freno al desarrollo económico, comienza a consolidarse un nuevo enfoque que redefine esta relación histórica: la conservación rentable. En la provincia de Alto Amazonas, once comunidades nativas vienen implementando planes de negocio sostenibles que articulan la protección del bosque con actividades económicas legales, demostrando que es posible generar ingresos sin destruir el territorio.

Esta intervención forma parte del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal del corredor Tarapoto–Yurimaguas” (CUI 2380976), ejecutado por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, del Ministerio del Ambiente. El proyecto se desarrolla en una de las zonas más estratégicas del país, tanto por su alta biodiversidad como por la intensa presión de actividades que generan deforestación, como la expansión agrícola no planificada, la tala ilegal y otras economías extractivas.

El corredor Tarapoto–Yurimaguas concentra ecosistemas clave y territorios indígenas que históricamente han enfrentado escasa inversión pública, pese a su importancia ambiental. Frente a este escenario, el proyecto parte de una premisa clara: la sostenibilidad ambiental solo es viable si se crean oportunidades económicas reales para las comunidades que habitan y protegen el bosque.

En ese marco, más de S/ 3.9 millones han sido destinados al fortalecimiento de eco-negocios comunales. Así lo explicó Yesenia Delgado, especialista técnica del proyecto, quien precisó que en la provincia de Alto Amazonas se ejecutan 11 planes de negocio con una inversión total de S/ 3 918 203, recursos transferidos mediante Fondos de Incentivos del PIP 01, un componente orientado a mejorar la competitividad de productores locales vinculados a la gestión sostenible del bosque.

Las comunidades beneficiadas en Loreto son San Juan de Armanayacu, Irapay, Maranatha, Moyobambillo, Churuyacu, Fray Martín, San Gabriel de Varadero, Progreso, San José de Panacillo, Panan y Libertad. En estos territorios se vienen desarrollando iniciativas vinculadas a sistemas agroforestales, manejo sostenible de productos forestales no maderables, como el aceite de aguaje, fortalecimiento de cadenas de valor locales, mejora de capacidades administrativas comunales y acceso a mercados.

El objetivo central es que las comunidades no solo conserven el bosque, sino que generen ingresos sostenidos que impacten positivamente en su calidad de vida, reduciendo la dependencia de actividades que degradan el ecosistema. Este enfoque busca cerrar brechas históricas de inversión ambiental en territorios indígenas, donde la falta de alternativas económicas ha sido utilizada, durante años, como justificación para la expansión de economías ilegales.

Un componente estratégico del proyecto es la seguridad jurídica sobre el territorio comunal. En ese sentido, se ha iniciado el proceso de titulación de 30 comunidades nativas, de las cuales 13 se ubican en San Martín y 17 en Loreto, beneficiando directamente a los distritos de Balsapuerto y Teniente César López. La titulación es clave porque reconoce derechos históricos, fortalece la gobernanza territorial y genera condiciones mínimas para inversiones responsables y sostenibles.

Sin seguridad jurídica, cualquier esfuerzo de conservación resulta frágil. Las invasiones, el tráfico de tierras y las economías ilegales, como la tala, la minería y el narcotráfico, encuentran terreno fértil en comunidades sin títulos saneados. Diversos estudios señalan que los territorios indígenas titulados presentan menores índices de deforestación, debido a una mayor capacidad de control y vigilancia comunal.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) ha reiterado que la formalización de los territorios comunales es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pérdida de bosques en la Amazonía, ya que las comunidades organizadas ejercen una gestión más eficiente y sostenible del territorio.

El proceso también ha estado acompañado de una articulación institucional e indígena. El pasado 20 de febrero, diversas entidades públicas participaron en una reunión de coordinación realizada en la sede de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en Yurimaguas. En el encuentro estuvieron presentes representantes de la Agencia Agraria de Alto Amazonas, Agromercado, Agrorural y la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, con el objetivo de alinear esfuerzos y evitar la duplicidad de intervenciones.

Asimismo, la elaboración de los planes de negocio contó con la participación activa de organizaciones indígenas, como CORPI San Lorenzo, ORDEPIA y CODEPISAM, garantizando que las propuestas respondan a las prioridades, dinámicas culturales y realidades económicas de los pueblos indígenas. Durante la reunión se planteó, además, la necesidad de consolidar una alianza interinstitucional entre San Martín y Loreto, articulando espacios como la Comisión Ambiental Regional (CAR) Loreto y la Comisión Ambiental Municipal (CAM) Alto Amazonas, para asegurar continuidad y sostenibilidad a las acciones emprendidas.

Más allá de las cifras, el proyecto representa un cambio de paradigma en la Amazonía peruana. El bosque deja de ser visto como un obstáculo para el desarrollo y pasa a ser entendido como un activo estratégico, capaz de generar oportunidades económicas bajo esquemas de biocomercio y manejo sostenible. Frente al avance de economías ilegales que destruyen el tejido social y ambiental, este modelo apuesta por fortalecer capacidades locales, transferir recursos directos y promover la organización comunal.

El reto, sin embargo, no es menor. La sostenibilidad de los planes de negocio dependerá de su acceso real a mercados, del acompañamiento técnico continuo y de políticas públicas que respalden este enfoque en el largo plazo. Si logra consolidarse, la experiencia en el corredor Tarapoto–Yurimaguas podría convertirse en un referente regional, demostrando que producir, conservar y generar ingresos no son objetivos incompatibles.

En una Amazonía marcada por tensiones históricas entre conservación y explotación, estas once comunidades nativas apuestan por demostrar que la sostenibilidad no es solo un discurso, sino una estrategia económica en construcción, con el territorio y el bosque como aliados centrales de su futuro.