Por Segundo Chuquipiondo
Han pasado 19 días desde que más de 400 comuneros indígenas del distrito de Balsapuerto, en la provincia de Alto Amazonas, iniciaron una huelga indefinida para exigir la presencia de la Contraloría General de la República ante presuntos actos de corrupción que superarían los S/ 60 millones.
La medida de fuerza, encabezada por líderes del pueblo Shawi, mantiene tomada la municipalidad distrital y amenaza con radicalizarse si no se obtienen respuestas concretas del Estado.
El líder indígena shawi, William Pizango Púa, señaló que la protesta se originó por la falta de obras tangibles durante casi cuatro años de gestión del alcalde Luis Natario Peña Torres.
“En lo que va de la gestión habrían ingresado aproximadamente 60 millones de soles al municipio, pero no vemos proyectos de impacto para la población”, afirmó.
Según los dirigentes, pese al presupuesto ejecutado, únicamente se habrían construido tres locales comunales, valorizados entre S/ 120 mil y S/ 200 mil soles cada uno, montos que consideran insuficientes frente a las múltiples necesidades del distrito.
Cabe destacar que Balsapuerto está conformado en un 97 % por población indígena Shawi y agrupa a 178 comunidades distribuidas en las cuencas del Cachiyacu, Yanayacu, Armanayacu y Paranapura. Las comunidades decidieron iniciar la paralización luego de exigir sin éxito una rendición de cuentas formal y transparente.
Alcalde despacha desde Yurimaguas
Según fuentes de los dirigentes indígenas, el alcalde Peña estaría despachando junto a su equipo técnico desde la ciudad de Yurimaguas, situación que genera indignación en la población.
De manera extraoficial, se conoce que el burgomaestre habría alquilado una vivienda que funciona como oficina municipal, trasladando allí a su equipo técnico.
Mientras tanto, la sede edil permanece tomada por el comité de lucha, que denuncia que “siguen sacando presupuesto a nombre de las 178 comunidades y solo en tres se ve algo”.
“Se han gastado más de 60 millones de soles y no hay proyectos que respalden ese gasto”, cuestionó Clauber Tangoa Huayanga, vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo Shawi (GTA Shawi).
Comisión viajó a Lima
Ante la falta de respuesta local, una comisión de dirigentes viajó el 6 de febrero a Lima para realizar gestiones directas ante las autoridades nacionales, solicitando celeridad en la intervención de la Contraloría.
El comité de lucha informó que este lunes ingresaría al distrito una comisión de la Contraloría, con el objetivo de supervisar in situ las obras ejecutadas y verificar la documentación presupuestal.
Defensoría del Pueblo constata la situación
En medio de la tensión, representantes de la Defensoría del Pueblo llegaron a Balsapuerto para constatar los hechos. Según informaron, sostendrán una reunión con los Apus, donde entregarán documentación y recogerán información oficial sobre la protesta.
La presencia de la Defensoría busca garantizar que no se vulneren derechos fundamentales durante la paralización, así como mediar ante las instancias correspondientes.
Anuncian radicalización
Los manifestantes advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, radicalizarán la medida cerrando el río y la carretera como forma de presión.
“Estamos pidiendo que llegue la Contraloría a Balsapuerto. Si no hay respuesta, vamos a cerrar el río y la carretera”, manifestaron voceros del comité.
La huelga indígena en Balsapuerto no solo expone una profunda crisis de gobernabilidad, sino que también evidencia la histórica demanda de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los territorios amazónicos.
A 19 días de iniciada la protesta, el clamor de las comunidades Shawi sigue sin respuesta directa del alcalde, mientras la población mantiene firme su exigencia: que el Estado fiscalice y que la verdad salga a la luz.
