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Arroceros de San Martín amenazan con medidas de fuerza ante la falta de respuesta del Estado

Productores exigen que se declare en emergencia el sector o se apliquen salvaguardias urgentes para evitar la quiebra de cientos de familias del agro sanmartinense.

El productor arrocero David Michael Melgar Manrique, agricultor de la región San Martín con 35 hectáreas de cultivo, advierte que el sector atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas debido a la drástica caída del precio del arroz en grano y la falta de respuestas concretas del Estado. “No tenemos la presencia del Estado”, afirma, tras señalar que desde el mes de mayo los productores vienen gestionando espacios de diálogo sin resultados efectivos.

Según detalla, las conversaciones se han sostenido con gobierno del expresidente Jerí, con la Comisión Agraria del Congreso presidida por la congresista Jenny López, así como con representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio de la Producción. Los agricultores han solicitado que se declare en emergencia el sector o se apliquen salvaguardias para evitar que los agricultores pierdan su capital y enfrenten embargos bancarios, pero —subraya— “lamentablemente no hay atención”.

David Michael Melgar

La preocupación es mayor si se considera que San Martín lidera la producción nacional con aproximadamente 115 mil hectáreas de arroz, seguida por Ucayali con 40 mil hectáreas y Lambayeque con cerca de 12 mil, de acuerdo con datos del Censo Nacional Agropecuario 2018, que registró alrededor de 460 mil hectáreas de arroz a nivel nacional. Pese a ese liderazgo, el precio actual del arroz en grano —variedad Nopal— ha caído a 600 soles la tonelada y podría descender hasta 500 soles, cifra que, según Melgar, resulta insostenible para cubrir costos de producción.

El problema radica en el alto stock existente y en que esta variedad no puede añejarse, lo que genera sobreoferta y falta de mercado. A ello se suma el contexto internacional. “El arroz uruguayo está en 440 dólares la tonelada, su precio más bajo”, explica, señalando que el arancel actualizado se fijó en 182 dólares por tonelada para intentar frenar las importaciones. Sin embargo, la amenaza mayor proviene de India, uno de los principales productores mundiales, que cuenta con más de 40 mil toneladas métricas para exportar. De ingresar ese volumen al mercado peruano, advierte, “automáticamente se sepultaría la producción nacional”.

Aunque desde hace más de dos décadas se habla de diversificar la producción en San Martín, el intento no ha prosperado. Melgar explica que los suelos con alta humedad y frecuentes lluvias torrenciales limitan alternativas como el maíz u otros cultivos. A ello se suma una infraestructura de riego casi obsoleta, con canales deteriorados y pérdidas por filtración y evaporación. “No hay proyectos nacionales ni regionales; ni el gobierno regional ni el gobierno nacional hacen acto de presencia”, cuestiona.

Otro punto crítico es el acceso a semillas certificadas. Melgar sostiene que la empresa El Potrero concentra actualmente la producción de semillas. En tanto, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) —entidad llamada a investigar y desarrollar nuevas variedades— no estaría cumpliendo un rol efectivo. Recuerda que el año pasado se lanzó la variedad “Bellavista”, pero no dio resultados satisfactorios. En contraste, la variedad Nopal logra rendimientos superiores a 10 toneladas por hectárea, aunque no alcanza los estándares de calidad que exige el mercado.

Frente a este escenario, los productores han presentado un pliego de reclamos tanto al gobierno regional como al Ejecutivo Nacional. Sin embargo, la inestabilidad política incrementa la incertidumbre. “Si no somos escuchados, estamos próximos a levantarnos en un paro nacional, principalmente en la selva, que es la más perjudicada”, advierte Melgar.

La crisis del arroz en San Martín no solo expone la fragilidad del mercado, sino también la ausencia de políticas estructurales para el agro amazónico. Sin medidas urgentes, el liderazgo productivo de la región podría convertirse en su mayor vulnerabilidad.

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