Tarapoto. En una tensa sesión del Concejo Municipal de la Provincia de San Martín, los regidores acordaron derivar a la Comisión de Asuntos Legales el pedido de suspensión contra la alcaldesa Lluni Perea, cuestionada por presuntas negociaciones irregulares vinculadas a una habilitación urbana en el sector de Ricuricocha.

La solicitud de suspensión fue puesta a consideración del pleno, sin embargo, los miembros del concejo determinaron que sea la comisión técnica la encargada de evaluar los fundamentos de la denuncia y emitir un informe en un plazo de diez días calendario, el cual servirá de base para una decisión definitiva.

Durante la misma sesión, se registró un incidente cuando los asesores legales de la alcaldesa impidieron la proyección de un video en el que, presuntamente, se observa a la autoridad edil negociando condiciones para una habilitación urbana en Ricuricocha. Los funcionarios argumentaron que el material audiovisual no contaba con las garantías de autenticidad necesarias para ser presentado en una sesión oficial, lo que generó malestar entre los regidores de oposición.

La situación política en la municipalidad provincial se torna cada vez más compleja, ya que en una sesión anterior el concejo también derivó a la Comisión de Asuntos Legales los pedidos de vacancia contra seis regidores, así como las solicitudes de suspensión de dos de ellos: Juan Rocha y Gilber Escudero.

La Comisión de Asuntos Legales deberá pronunciarse en los próximos días sobre estos procesos, que mantienen en vilo la estabilidad política de la comuna provincial, mientras diversos sectores esperan que prime la transparencia y el debido proceso.