Más de 160 comunidades paralizaron Balsapuerto durante más de un mes para exigir transparencia sobre más de S/ 60 millones transferidos al municipio. Tras la presión social, el presidente José María Balcázar encabezó una mesa de diálogo y anunció el envío de comisiones técnicas para revisar la ejecución presupuestal.

Durante más de un mes, 160 comunidades de la Nación Shawi mantuvieron paralizado el distrito de Balsapuerto, en la provincia de Alto Amazonas, exigiendo transparencia en el uso de más de 60 millones de soles transferidos por el Estado.

Lo que comenzó como una protesta local terminó instalándose en la agenda nacional y obligó la intervención de la Defensoría del Pueblo y, finalmente, del propio presidente de la República, José María Balcázar, quien encabezó una mesa de trabajo para atender las demandas.

Millones sin transformación estructural

Balsapuerto, uno de los seis distritos de Alto Amazonas y de mayoría indígena, fue escenario de un paro indefinido impulsado por las comunidades Shawi, que reclaman conocer con claridad qué se hizo con los recursos públicos destinados a su desarrollo.

Según el comité de lucha, la Municipalidad Distrital de Balsapuerto recibió en los últimos años más de S/ 60 millones en transferencias. Sin embargo, en tres años de gestión, las obras visibles se reducen a la construcción de tres locales comunales en Nuevo San Martín, Nuevo Santa Fe y Nueva Luz.

En contraste, no existen proyectos integrales de agua potable, saneamiento ni infraestructura estratégica en salud, educación o conectividad, pese a las profundas brechas sociales que enfrenta el distrito.

“Han pasado tres años y no hay resultados. Nuestro distrito sigue en abandono”, declaró Jorge Pizango Cachique, vocero de la Nación Shawi y representante de las más de 160 comunidades movilizadas. “Queremos que la Contraloría venga y haga la investigación. Que se sepa la verdad”.

El pliego de reclamos no se limita a una auditoría técnica. Los dirigentes también solicitaron la vacancia del alcalde Luis Nazario Peña Torres, a quien acusan de no pronunciarse públicamente desde el inicio del paro.

“El alcalde se ha desaparecido. No ha dado la cara”, sostuvo Pizango.

Brechas históricas y malestar acumulado

Balsapuerto arrastra limitaciones estructurales profundas: acceso restringido a servicios de salud especializados, infraestructura educativa precaria, altos costos de transporte fluvial y una presencia estatal intermitente.

Aunque el distrito supera los 160 años de creación política, sus indicadores sociales reflejan rezagos históricos. En ese contexto, la percepción de que millonarios recursos públicos no se traducen en mejoras tangibles encendió la indignación colectiva.

“Estamos cansados de soportar la miseria por culpa de funcionarios corruptos”, afirmó el vocero Shawi, sintetizando el malestar que atraviesa a las comunidades movilizadas.

Intervención de la Defensoría

Ante el riesgo de escalamiento, una comisión de la Defensoría del Pueblo se trasladó al distrito para verificar la situación en territorio, recoger testimonios y exhortar a las autoridades a garantizar el derecho a la protesta pacífica.

La institución recomendó activar con urgencia los mecanismos de control institucional para esclarecer las denuncias y promover canales formales de diálogo. Su presencia fue clave para evitar una mayor tensión y tender puentes entre el Ejecutivo, las organizaciones indígenas y las autoridades regionales.

La protesta también recibió el respaldo de organizaciones internacionales y sectores de la Iglesia Católica, que expresaron su solidaridad con la Nación Shawi y subrayaron la necesidad de transparencia y respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Diálogo bajo presión

La mesa liderada por el presidente José María Balcázar, instalada este miércoles 4 de marzo, se desarrolló en medio de una fuerte presión social. Desde el Ejecutivo se reafirmó el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y se anunció la conformación de comisiones técnicas que viajarán desde Lima para evaluar la ejecución presupuestal y revisar expedientes.

El mensaje oficial apuntó a privilegiar el diálogo como vía para esclarecer las presuntas irregularidades y evitar un conflicto mayor.

Más que un conflicto local

Lo que ocurre en Balsapuerto trasciende sus fronteras. El caso expone un problema estructural en varios distritos amazónicos: transferencias presupuestales significativas que no siempre se traducen en obras de impacto real, sumadas a una débil fiscalización y limitada participación ciudadana.

Para la Nación Shawi, la movilización no es un acto aislado de protesta, sino la afirmación de su derecho a vigilar el destino de los recursos públicos en su territorio.

“Queremos desarrollo, pero con transparencia. Queremos obras reales, no papeles”, expresó uno de los dirigentes durante la jornada.

El desenlace de esta crisis marcará un precedente en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas amazónicos. En Balsapuerto no solo está en juego una auditoría municipal; se debate la legitimidad de la gobernanza local, la eficacia del control público y la capacidad de una nación históricamente marginada para exigir cuentas y ser escuchada en el más alto nivel del poder político.

Por Segundo Chuquipiondo