El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapoto, a cargo de la jueza Julissa Paola Bengoa Vargas, declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra siete de los diez investigados por el asesinato de un joven ocurrido en un centro de rehabilitación ubicado en la localidad de 3 de Octubre, ubicada a unos cinco kilómetros al sur de Tarapoto.

Durante la audiencia virtual, que se prolongó por varias horas y formó parte de un proceso que duró prácticamente tres días, la fiscal Paola Katherine Arévalo Rengifo sustentó ante la magistrada el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de homicidio simple.

La jueza determinó que siete de los 10 imputados afronten el proceso recluidos en un establecimiento penitenciario. Se trata de Harold Macedo Chapiama, Roberto Miguel Barrientos Macahuachi, Segundo Daniel Quinteros Chaslamote, Wandalley Steben Quinde Rojas, Marc Anthony Guerra Rodríguez, Carlos Daniel Fernández Díaz y Percy Cardozo Linares, quienes fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad al establecimiento penitenciario de Tarapoto.

Sin embargo, la magistrada dispuso que tres investigados continúen el proceso en libertad. Se trata de Cidlia Rojas Vela, Luigi de la Cruz Lazo y Luis Becerra Cieza, quienes fueron liberados en horas de la noche del sábado, aproximadamente cinco horas después de culminada la audiencia judicial, aunque seguirán siendo investigados dentro del proceso.

En los exteriores de la División de Investigación Criminal se congregaron familiares de los investigados, quienes aguardaban conocer la decisión judicial. En el mismo lugar también se encontraban los padres de la víctima, John Willer Grandez Aguilar, lo que generó momentos de tensión y cruces de palabras entre ambos grupos.

Los padres del joven fallecido manifestaron su indignación tras conocer que algunos implicados fueron liberados, especialmente en el caso de la directora Cidlia Rojas Vela. Señalaron que apelarán la decisión judicial al considerar que existirían evidencias que la involucrarían en los hechos. Mientras tanto, con carteles en mano, los familiares de la víctima exigieron justicia y una sanción ejemplar para todos los responsables. Por: Hugo Anteparra